El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó este viernes que continuarán con las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, de manera «independiente e imparcial» a través de la oficina que acordó abrir en la ciudad de Caracas.
“Vamos adelante con la investigación y cumpliremos nuestro mandato de forma independiente e imparcial”, comentó Khan en una entrevista a el diario El País de España.
El representante del organismo internacional catalogó de «buenas noticias» que el régimen de Nicolás Maduro haya expresado su disposición para cooperar con la CPI.
“Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura [judicial]. Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido. Creo que la gente no esperaba que Venezuela reaccionara como reaccionó en noviembre. Ellos acordaron que podríamos abrir una oficina en Caracas, que podemos contar con visas con múltiples entradas, que podemos seguir teniendo más diálogos, y que podremos trabajar con organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Trabajaremos respetando la soberanía y al mismo tiempo yo voy a continuar con las investigaciones, imparciales e independientes”, precisó.
Con respecto a la oficina en la capital venezolana, el fiscal de La Haya comentó que esperan “entender la cultura, el contexto, las historias” y poder “separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción”.
“Yo he dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino. Usted ya vio lo que hice en Colombia: cerré el caso allí [en 2021] pero no di un cheque en blanco, fue una situación condicional a que continúe la Jurisdicción Especial para la Paz, y el financiamiento para esta, y que no haya intervención política contra esta. Si no, por supuesto, podría volver a entrar”, señaló.