El gobierno chileno levantó el estado de excepción que comenzó en febrero para controlar la migración irregular en cuatro provincias del norte del país, pero mantendrá el despliegue militar en la zona.
En vigor desde el 16 de febrero y extendido en dos ocasiones, el estado de excepción permitió desplegar militares y más policías en la frontera norte con Bolivia y Perú por donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan a pie por inhóspitos plazos clandestinos hacia las provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
«El estado de excepción termina, pero el gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras», dijo Manuel Monsalve, subsecretario del Interior.
El despliegue militar mantendrá la colaboración con las autoridades civiles y policiales para controlar actividades que se vinculen al tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, según el decreto 265.
El fin del estado de excepción coincide con el anunció de la apertura desde el 1 de mayo de las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú que se mantenían cerradas debido a las restricciones por la pandemia del covid-19.
Además, desde el jueves pasado se flexibilizaron las medidas sanitarias para ingresar a Chile como no solicitar el examen PCR ni tampoco pedir la homologación de vacunas.
Muchos migrantes pobres que ingresan irregularmente a Chile se instalan a vivir en precarios campamentos en playas y plazas del norte del país, lo que ha provocado la molestia en parte de la población local. En Iquique y otras ciudades se han registrado protestas en rechazo de la masiva presencia de extranjeros.
Una nueva ley de migración permite a las autoridades chilenas «reconducir» a la frontera a todos los migrantes que hayan ingresado de forma irregular al país.
AFP.