Cinco adolescentes y la directora de un plantel fueron imputados por acoso escolar, informó este miércoles el Ministerio Público, que contó 74 casos en esta materia en lo que va de año.
«Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales (…), donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales», dijo el fiscal general impuesto por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab en una alocución en televisión.
«En lo que va de este año 2022, de enero a abril, hemos registrado 74 casos que estamos procesando en este momento vinculados a acoso escolar».
Saab hizo mención a «los tres casos más recientes», en los que fueron imputados varios adolescentes principalmente por el delito de causar «lesiones intencionales», que acarrean privación de libertad.
La ley venezolana contempla que un presunto agresor tiene responsabilidad penal a partir de los 14 años.
El fiscal chavista se refirió a un primer video que circuló en redes que muestra a un adolescente de 15 años golpeando a otro de la misma edad en una escuela en Caracas, causándole «contusiones (…) en párpado superior izquierdo y hemorragia subconjuntiva izquierda, requiriendo 21 días de curación».
El otro caso fue en un colegio católico en Puerto Ordaz (Bolívar, sur) en el que un joven de 14 años fue imputado por supuestamente agredir a otro de 13, causándole heridas en el rostro.
«El adolescente víctima informó a la directora del colegio, quien hizo caso omiso (…) del llamado de ayuda», señaló Saab. «Se le abrió (…) una averiguación penal, tras lo cual fue imputada por el delito de omisión».
El proceso contra la profesora Sara de Freitas, la semana pasada, fue rechazado por varias organizaciones educativas.
«No fuimos negligentes», reaccionó el colegio jesuita Loyola el 6 de mayo. «Se abordó de inmediato la situación por las docentes de los alumnos. Se citó a los niños y sus representantes. Se convocó a los organismos responsables por la ley de abordar estas circunstancias», dijo.
– Una respuesta, no la solución –
Saab informó además del procesamiento de tres jóvenes -una de 15 y dos de 14 años- por la presunta agresión que propinaron a otras dos personas, una con síndrome de Down.
Una cuarta de 13 años no pudo ser imputada por su edad y fue remitida a lo que se llama Consejo de Protección, y la quinta evadió el proceso al huir del país.
El fiscal presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar, que hoy día no está tipificado como delito en el marco legal venezolano.
«El acoso es una violencia que va en escalada, se va agravando en frecuencia y severidad, y eventualmente en el marco de querer acosar a un niño puedo constituir un delito», explicó a la AFP el abogado Carlos Trapani de Cecodap, ONG defensora de los derechos de niños y adolescentes.
Fernando Pereira, director de Cecodap, indicó por su parte que esta intervención de la fiscalía «tiene la receptividad y acogida de años de inacción y de desconocimiento del propio contenido en las leyes ya existentes y la desprotección a la que han estado sometidas las víctimas de acoso escolar».
La judicialización «no es la solución, es una respuesta a estos casos de violencia donde el daño ha sido cometido», añadió. «La parte penal, judicial no puede dar respuesta a la necesidad de programas formativos, educativos que deben ser propios de las escuelas».
Saab lleva días haciendo mención en sus redes a acciones del Ministerio Público contra adolescentes por acoso escolar, en ocasiones nombrando a los involucrados con nombre y apellido, lo que fue rechazado por Cecodap, basado en la ley, que prohíbe hacer público cualquier dato sobre un menor de edad vinculado a un delito.
AFP.