La justicia chilena ordenó prisión preventiva para Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las principales figuras del Partido Comunista, por presuntos delitos de corrupción. Este partido es parte de la coalición de gobierno.
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Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la gestión de las llamadas «Farmacias Populares,» que promovió como alternativa a las cadenas comerciales, reseñó el Diario las Américas en su sitio web.
La jueza Paulina Moya ordenó la prisión preventiva al considerar que la libertad de Jadue «resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad», en concordancia con lo solicitado por la Fiscalía.
«Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!», expresó Jadue, en su cuenta en la red social «X».
Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!
— Daniel Jadue (@danieljadue) June 3, 2024
Jadue es una de las figuras más destacadas del Partido Comunista de Chile, que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric. No obstante, el alcalde es un fuerte crítico del mandatario, quien lo derrotó en una elección primaria en julio de 2021.
Antes de dictar la medida cautelar, la jueza Moya subrayó que el tribunal «no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión».
La Fiscalía acusa a Jadue por sus acciones al mando de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), establecida por el alcalde en 2016 para proporcionar medicamentos a costos reducidos.
Durante la pandemia del COVID-19, se compraron suministros médicos que quedaron almacenados. Uno de los proveedores interpuso una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de solicitarle que proporcionara insumos al Partido Comunista como compensación por adjudicarse la licitación, entre otros actos ilícitos.
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La Fiscalía sostuvo que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 «era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas» de las farmacias populares, ya que «su trayectoria política» podía verse perjudicada por una mala gestión.