La vicepresidente de Argentina, Cristina Kirchner, respondió este lunes a la petición de la fiscalía sobre los 12 años de cárcel por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria entre lo años 2007 y 2015.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático – judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones», sentenció Kirchner en su cuenta oficial de Twitter.
Asimismo, invitó a sus seguidores a estar pendiente de sus rede sociales mañana a las 11:00 am (hora local) para «demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales».
Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.
Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.
«El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad», señaló el texto.
La vicepresidenta argentina también es señalada por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que de ser ratificado por los jueces deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados.
Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años.