De acuerdo a una publicación de The Washington Post, casi dos semanas después de que el dictador venezolano Nicolás Maduro se autoproclamara ganador de un tercer mandato, a pesar de la «evidencia abrumadora» de una victoria de la oposición, el futuro de Venezuela y la política estadounidense hacia el país permanece incierto. La administración de Biden, aunque reconoce que el candidato de la oposición, Edmundo González, claramente obtuvo más votos, ha optado por no declararlo vencedor. En lugar de ello, ha pedido la publicación de todos los resultados oficiales y ha solicitado que Maduro y la oposición negocien una «transición» de poder.
A diferencia de las acciones anteriores que incluyeron sanciones y amenazas, la administración Biden ha depositado sus esperanzas en una coalición de gobiernos latinoamericanos de izquierda para persuadir a Maduro de ceder. Los presidentes de México, Colombia y Brasil, con relaciones relativamente estables con el régimen de Maduro, han logrado poco hasta ahora en sus esfuerzos por mediar.
El fiscal general de Maduro ha iniciado una investigación criminal contra líderes opositores, incluido González, que se encuentran actualmente en la clandestinidad. A pesar de no publicar los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, el régimen ha acusado a la oposición de falsificar sus resultados distritales, que muestran a González con más del doble de los votos de Maduro. Maduro ha intensificado la represión, llamando «terroristas» a los opositores, arrestando a miles, anulando pasaportes y prohibiendo plataformas de comunicación como WhatsApp y X (anteriormente Twitter).
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Colombia, Gustavo Petro; y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han emitido comunicados pidiendo al Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro que publique los resultados completos y permita una «verificación imparcial». Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, la comunidad internacional está unida en su llamado a la transparencia.
Aunque la administración Biden considera que el nuevo presidente venezolano no tomará posesión hasta enero, dejando tiempo para aumentar la presión sobre Maduro, algunos críticos, como el senador Marco Rubio, han cuestionado la eficacia de la estrategia actual. Rubio ha criticado la postura de la administración Biden, argumentando que no reconocer a González como el ganador empodera al «narco-dictador» Maduro.
Las negociaciones previas mediadas por Qatar resultaron en un borrador de acuerdo para levantar sanciones a cambio de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, aunque el acuerdo no se firmó. Las sanciones se reimpusieron después de que Maduro inhabilitara a la candidata de la oposición María Corina Machado, y Edmundo González fue elegido como el candidato suplente.
A medida que la administración de Biden busca equilibrar la presión y la diplomacia, algunos expertos sugieren que la estrategia actual de esperar y observar podría ser más realista que una intervención apresurada. La presión económica y las sanciones han jugado un papel en limitar las opciones de Maduro, aunque aún no han causado una ruptura formal en el régimen.
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