Miles de indígenas volvieron a chocar este viernes con la fuerza pública tras la cruenta jornada del jueves. Sonaron sirenas y detonaciones mientras manifestantes con escudos artesanales levantaban barricadas y encendían neumáticos.
A las bombas molotov, cohetes pirotécnicos y piedras de los manifestantes, equipos antimotines respondían con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
El jueves, Lasso permitió el ingreso de unos 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura, cerca del Legislativo y un lugar simbólico para los pueblos originarios, que estaba bajo control de la fuerza pública.
El presidente buscaba así propiciar conversaciones con el movimiento de protesta que llegó a la capital Quito esta semana para exigir alivios frente al aumento del costo de vida.
Sin embargo, un grupo de manifestantes avanzó luego hacia el Congreso e intentó quebrar el piquete militar que lo rodeaba.
Tres personas murieron en esos enfrentamientos, con lo que ya son seis las víctimas mortales que deja la rebelión indígena, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Las autoridades registraron más de 180 heridos entre militares y policías y prometieron reprimir mas enérgicamente las manifestaciones.
«Nos vamos a ver en la obligación (…) de dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar (…) perdigones», advirtió el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El gobierno ha negado el uso de armas letales durante las manifestaciones.
Una caravana de taxistas recorrió más temprano la zona financiera de Quito con la consigna «fuera Lasso, fuera». El país, exhausto y semiparalizado, cuenta pérdidas diarias por 50 millones de dólares.
«Es una movilización indefinida hasta tener los resultados. Ya no podemos sostener la ira de la gente», dijo en entrevista con la AFP el indígena Leonidas Iza, líder de las protestas.
AFP.