El gobierno panameño seguirá buscando, pese a las diferencias, una salida negociada para acabar con las protestas y evitar nuevamente el bloqueo de carreteras por el costo de vida y contra la corrupción, manifestó este miércoles el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, en un encuentro con prensa extranjera.
«Por supuesto que nosotros vamos a permanecer en la mesa del diálogo, de eso no hay ningún tipo de duda, hemos avanzado favorablemente», señaló Carrizo durante una conferencia con medios exteriores acreditados en Panamá.
«Que quede muy claro: nosotros tenemos la firme convicción de mantenernos en la mesa» para «darle una solución concreta, efectiva y real al sector más vulnerable del país», insistió el vicepresidente.
Desde el pasado jueves, el gobierno panameño dialoga en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, con los sindicatos y organizaciones que, desde hace tres semanas, realizan protestas en el país, en la peor crisis social desde la invasión estadounidense de 1989.
Carrizo reconoció que el «sistema democrático» panameño requiere «ajustes», pero las soluciones «toman tiempo» y la «única forma de superar esta crisis es a través del diálogo y la participación ciudadana».
Sin embargo, el gobierno y la Iglesia católica, que actúa como facilitador, han recibido múltiples críticas de sectores empresariales por no permitir su participación en las negociaciones, pese a los temas estructurales que se discuten.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, pidió a la Iglesia católica de Panamá la incorporación de los empresarios a las conversaciones, tras reunirse con ellos en la víspera.
Sin embargo, la Iglesia descartó esta posibilidad hasta que no concluyan las negociaciones actuales.
El pedido de los empresarios tensa las conversaciones porque los manifestantes amenazan con abandonar la mesa, ya que consideran que el diálogo debe ser solo entre ellos y el gobierno.
«Lo que se ha planteado por parte del gobierno no es, ni mucho menos, levantarse» de la mesa, pero «no se pueden tomar decisiones si no son debatidas ampliamente con todos los sectores de la sociedad», sostuvo Carrizo.
En la víspera, el gobierno, por primera vez desde el inicio de la crisis, anunció la apertura total de las vías que permanecían bloqueadas por los manifestantes, y que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Hasta la fecha, el gobierno ha acordado reducir el precio de 72 artículos de la canasta básica y rebajar el combustible de 5,20 dólares por galón (3,78 litros) a 3,25 dólares.
Sin embargo, los gremios piden que se rebaje el precio de la gasolina a 3 dólares, reducir el costo de medicamentos y electricidad, mejorar la sanidad y educación públicas y medidas contra la corrupción.
AFP.