La ONG Provea ha publicado un informe especial que revela la escalada en la represión en Venezuela tras las recientes protestas, destacando un alarmante incremento en la violencia que no se había visto desde las manifestaciones de 2019. Según el informe, en los primeros cuatro días de protestas de 2024, se registraron 25 muertes, una cifra que supera el número de víctimas de las protestas del año 2019, que fueron 61 en un período de cinco meses.
El informe de Provea detalla que la mayoría de las víctimas durante las manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio ocurrieron en el Distrito Capital, especialmente en áreas populares de Caracas como El Valle, San Juan, Macarao, Antímano y Sucre. La organización señala que, mientras en 2019 la represión letal fue atribuida principalmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en las protestas de 2024 se han señalado a grupos paramilitares y colectivos como los presuntos responsables de al menos 10 muertes, y al Ejército Bolivariano en al menos 7 casos.
Este aumento en la letalidad de las protestas de 2024 contrasta con las afirmaciones del Fiscal General Tarek William Saab, quien el 21 de agosto descartó la responsabilidad de las fuerzas del Estado en las muertes y atribuyó el 70% de los asesinatos a “grupos delincuenciales” sin proporcionar detalles adicionales sobre la investigación.
El informe también destaca un incremento en la proporción de heridos por impactos de bala. En 2014, el 12,6% de los 1.094 heridos fueron alcanzados por balas. En 2019, el 27,5% de los 984 heridos fueron baleados, mientras que en 2024, de los 93 heridos reportados por la Encuesta Nacional de Hospitales, el 40,8% sufrió heridas de bala.
Provea enfatiza que cada ola significativa de protestas en Venezuela ha conllevado un incremento en la represión, con un fortalecimiento de los mecanismos de control y judicialización. En esta ocasión, además del uso desproporcionado de la fuerza pública, el Gobierno ha intensificado la persecución política mediante la legislación antiterrorista y la Ley Constitucional Contra el Odio, procesando e imputando a numerosos detenidos.