Un juez de Bolivia ordenó este viernes la detención preventiva por cuatro meses del gobernador opositor de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de «terrorismo», en un caso relacionado con la salida del izquierdista Evo Morales de la presidencia en 2019.
El juez en lo penal Sergio Pacheco dijo que «dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que deberá cumplirla por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro», un penal de máxima seguridad en La Paz.
El fiscal Omar Mejillones había solicitado seis meses con el argumento de que había riesgo de fuga. La audiencia comenzó el jueves y se prolongó hasta la madrugada de este viernes.
Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de Internet, Camacho, un abogado y empresario de 43 años, declaró: «Nunca me voy a rendir».
Llamó a los bolivianos a evitar que «el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba», en alusión al partido gobernante Movimiento Al Socialismo, MAS. La Paz, Caracas y La Habana son aliados políticos.
A las pocas horas del fallo judicial, el gobernador fue traslado con un fuerte dispositivo de seguridad de un recinto policial hasta la cárcel de Chonchocoro, en la pampa de los Andes bolivianos, en el oeste de La Paz, según imágenes del canal privado de televisión Unitel.
Detenido el miércoles y llevado de Santa Cruz (este) a La Paz, fue pieza importante en impulsar la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019, mientras el oficialismo y la fiscalía aseguran que él y otros opositores impulsaron un «golpe de estado».
Los opositores acusaron a Morales, que estaba en el poder desde 2006, de presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2019.
Camacho dirige, además, el partido Creemos, la tercera fuerza política en el Parlamento, detrás del oficialista MAS y el centrista Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2002-2003).
– Preocupación de Guterres –
Florencia Soto Niño-Martínez, portavoz adjunta del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un comunicado que él «está preocupado por los acontecimientos recientes en Bolivia».
Además, agregó, Guterres «llama a la calma y apela a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación» y «asegurar el debido proceso y la transparencia en los procesos judiciales».
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia dijo en un comunicado que la detención «vulnera las leyes [y] los derechos humanos» y que, además, «ha traído a la memoria colectiva los duros tiempos de dictaduras militares que se creían vencidas para siempre».
La Iglesia católica, que también fue pieza clave en la pacificación de Bolivia tras la transición del gobierno de Morales al de Jeanine Áñez a fines de 2019, señaló que «nunca existió» el golpe de estado.
Asimismo, acotó que se registró un «evidente fraude electoral en las elecciones del 20 octubre de 2019 de parte del partido de gobierno» de Morales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el proceso contra el gobernador derechista y aseguró que se cumplieron todos los trámites procesales. Lo acusó de obstaculizar las investigaciones y dijo que, por lo tanto, «no tenía otra opción el Ministerio Público que emitir la orden de aprehensión».
– Santa Cruz en protestas –
Santa Cruz, capital económica de Bolivia y de casi 2 millones de habitantes, comenzó temprano a cumplir con una «huelga» de 24 horas en protesta de la captura de la autoridad.
Desde primeras horas, se registraron bloqueos de calles y avenidas.
Medios locales reportaron que opositores del gobierno del presidente izquierdista Luis Arce atacaron y quemaron de madrugada unas oficinas de la estatal Impuestos Nacionales.
La detención del gobernador desató el miércoles protestas en Santa Cruz. Sus simpatizantes tomaron dos aeropuertos para evitar, sin éxito, su traslado a La Paz y luego quemaron las oficinas de la fiscalía, otras del gobierno y la casa de un ministro.