Un grupo de juristas del mundo, defensores de los derechos humanos y la Justicia Penal Internacional, solicitaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la oficina del Fiscal Karim Khan, activar medidas de detención, comparecencias forzosas y coercitivas contra Nicolás Maduro y cadena de mando.
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Esta petición fue radicada formalmente ante Oficina de Khan y la Sala de Cuestiones Previas de la CPI el 17 de agosto, en el contexto de las graves violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.
Entre las instituciones señaladas como cadenas de mando se encuentran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), además de grupos paramilitares conocidos como «colectivos», que han actuado con total impunidad bajo la protección del Estado.
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Los juristas han pedido a la Corte Penal Internacional que actúe con la mayor celeridad, invocando el principio de urgencia penal para prevenir la continuación de estos crímenes.