El líder de la mayor organización indígena de Ecuador, Leonidas Iza, planteó al gobierno derogar un estado de excepción que rige para contener las protestas que van por su noveno día, como condición para un diálogo con el Ejecutivo.
Iza expresó que el Ejecutivo y el movimiento indígena están «dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión» sobre los reclamos de su Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que incluyen la reducción del precio de los combustibles.
Sin embargo, para que se dé el diálogo el dirigente estableció en una rueda de prensa varias «condiciones», entre ellas «bajar las acciones represivas, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del parque El Arbolito», en Quito, donde tradicionalmente se reúnen los indígenas.
Seis provincias ecuatorianas se hallan bajo estado de excepción, mediante el cual el Ejecutivo movilizó militares e implantó un toque de queda nocturno de siete horas.
Iza consideró que la respuesta del gobierno a las protestas «solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con dos víctimas» mortales.
En un nuevo gesto para buscar soluciones, el presidente Lasso difundió este martes en Twitter una carta en la que aceptó participar en «un proceso de diálogo franco y respetuoso con la Conaie y más organizaciones» civiles.
«Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país», escribió el mandatario en la red social.
El gobernante se había mostrado abierto a las negociaciones desde que estallaron las protestas el 13 de junio con bloqueos en varias carreteras del país, donde los indígenas representan un millón entre 17,7 millones de habitantes.
Unos 10.000 indígenas entraron este lunes a Quito para reiterar su exigencia de que se reduzca el precio de los combustibles.
En casi un año, el diésel subió un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina corriente un 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
La Conaie reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
Los nativos también reclaman al Ejecutivo un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
AFP.