El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó este jueves una marcha de varios miles de simpatizantes, y dijo que sobre su cadáver prosperará un golpe de Estado que -según él- trama la oposición de derecha.
«Sobre nuestro cadáver un golpe de Estado», afirmó el mandatario durante un encuentro partidario en una plaza pública de La Paz, a la que asistió su vicepresidente David Choquehuanca y el exmandatario Evo Morales (2006-2019).
Las dos autoridades y el líder político encabezaron desde temprano una marcha de varios miles de trabajadores mineros, campesinos, indígenas y simpatizantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Muchos de ellos portaron banderas bolivianas rojo, amarillo y verde, azules y blancas que pertenecen al MAS y la multicolor whipala, el ajedrezado símbolo de los indígenas.
Recorrieron varias calles y avenidas hasta desembocar en una plaza céntrica de La Paz.
«Hemos venido a defender a nuestro presidente, Luis Arce Catacora», afirmó a la AFP Angélica Mamani, dirigente sindical de 44 años.
Laurián Clemente Quiroz, militante del gobernante MAS de 33 años, explicó que participó de la marcha, porque «hay una conspiración de la oposición boliviana».
El oficialismo asegura de manera reiterada que la oposición de derecha arma un golpe de Estado contra Arce, en el poder desde noviembre de 2020.
Además, que los opositores pretenden reeditar una asonada golpista, como la que dicen que ocurrió contra Morales en 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Arce señaló en su discurso que «la derecha siempre va a buscar excusas para desestabilizarnos», pero que «el pueblo boliviano no quiere más golpes, el pueblo quiere trabajar, progresar e industrializar el país».
Agregó que las potencias occidentales «quieren nuestro litio, quieren nuestro gas, quieren nuestro hierro».
Morales dijo por su lado que «solo nos quieren para garantizar la materia prima y no quieren que demos el valor agregado» a los recursos naturales bolivianos.
Arce también mencionó que la oposición de derecha rechaza un censo de población y vivienda, previsto para 2024, solamente con afanes desestabilizadores.
La oposición ha desmentido las denuncias oficialistas. Sobre el censo de población, dice que quiere su adelantamiento para 2023 y que su postergación perjudica la distribución de fondos públicos.
La próspera región de Santa Cruz (este) sostiene, por ejemplo, que tiene más población que las estimaciones oficiales y que, por lo tanto, debe recibir más dinero estatal para obras sociales.
Además del tema del censo, los oficialistas también cuestionan los reclamos de campesinos cocaleros opositores de Adepcoca contra un mercado paralelo de distribución de la planta y que es otra de las aristas desestabilizadoras.
La Paz ha sido escenario las últimas tres semanas de choques callejeros entre policías y campesinos, en una disputa por el control del millonario negocio de venta de coca.
AFP.