«Lenguajes respetuosos», es la polémica resolución que anuncio el gobierno de Gustavo Petro sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No es la primera vez que se hace esta directriz.
«Se ordena a las autoridades del gobierno nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado», suscribe el documento.
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De acuerdo a El Espectador, la resolución 194 del 8 de julio de 2023, ratifica al ELN como una organización armada rebelde y deja en firme su estatus político. Lo llamativo de esta nueva resolución es que, a pesar de que el trato con respeto pareciera estar implícito a cualquier negociación política y diplomática, presidencia lo expidió como una directriz para todos los negociadores y el Gobierno en general.
Tomando esto en cuenta, el anuncio levantó polémica sobre la oposición. Por ejemplo, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo que la guerrilla “no baja de “esclavistas” y “señores feudales” a los empresarios colombianos”.
Mientras @petrogustavo pide a los miembros de su gobierno usar “lenguaje respetuoso” con los crimínales del ELN, él y varios de sus funcionarios no bajan de “esclavistas” y “señores feudales” a los empresarios colombianos.
¡El mundo al revés!
— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) July 12, 2023
Cabe acotar que, el pasado 9 de junio, cuando se anunció el acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal que firmó el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, salieron a la luz documentos que condensan las reglas generales para que empiecen a efectuarse.
Esos documentos dejan en claro que las partes no podrán realizar acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido controversia por declaraciones de miembros del ELN que aseguran que el cese al fuego no le prohíbe a esta guerrilla realizar secuestros, extorsiones y otros delitos que afectan a la población civil.
Con información de El Espectador