La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva meses bajo el rastro de Carmen J.G. Concretamente desde que el exjefe de la Inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal (alias «El Pollo») dio su nombre como una de las principales testaferros que ayudaban a traer dinero de Venezuela.
Carvajal vinculó parte esta actividad al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, a quien señaló por recibir supuestamente financiación del régimen bolivariano en los inicios del partido morado, pero por el momento las causas se mantienen por separado y sin acreditarse estos vínculos, según diversas fuentes consultadas por este periódico.
El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene abiertos dos procedimientos en secreto y paralelos: el que afecta a la testaferro y el que afecta a Monedero.
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Cuando en octubre de 2021 «El Pollo» relató la supuesta financiación venezolana de Podemos habló de tres vías distintas para que el dinero acabara en España: a través de valija diplomática, mediante viajes del politólogo a países del Caribe y con transferencias de empresas pantalla o utilizando a testaferros.
De hecho, en uno de los informes que obraba en la causa que se abrió para indagar en el partido, la UDEF solicitó más «datos del testaferro o testaferros utilizados por Juan Carlos Monedero Fernández y Ramón Gordils». El exjefe de la Inteligencia venezolana dio nombres y los agentes comenzaron a tirar del hilo.
La causa sobre las cuentas de Podemos fue cerrada por la Audiencia Nacional por desbordar los límites legales (la Sala de lo Penal la consideró prospectiva), pero paralelamente el Juzgado de Central de Instrucción número 6 del órgano inició una nueva investigación secreta para escudriñar los nombres dados por Carvajal.
Las pesquisas se cruzaron aquí con las de otra jueza. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 María Tardón batuta unas diligencias sobre el desfalco a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
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En el marco de este caso la UDEF presentó un informe el pasado mes de octubre para relatar nuevos hallazgos y sospechosos en la trama que resultó que coincidían con los dichos por «El Pollo». Se trata de la presunta testaferro Carmen J. G. y un exmilitar venezolano Said C.A.
Los hechos que describe el citado informe -adelantado por Vozpópuli y al que ha tenido acceso este periódico- datan de 2014, un año después de la muerte del presidente Hugo Chávez.
La UDEF ha descubierto vínculos entre José Roberto Rincón, un empresario afincado en Estados Unidos y principales sospechosos de los ilícitos sobre la petrolera, Rafael Ernesto Reiter, funcionario de PDVSA que fue detenido en España en 2018 junto a Rincón, y este exmilitar y la venezolana que aparece como receptora de los fondos desviados.
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Esta «nueva información» consiste, entre otras cosas, en la venta de unos vehículos a la filial de compra de PDVSA. Said C. lleva a cabo esta operativa junto a Carmen J. «observándose la canalización de grandes sumas hacia nuestro país en favor de una cuenta controlada por Caixa y que será en su mayoría transferida fuera de territorio nacional en un corto espacio de tiempo».
Ambos viven a caballo entre España y República Dominicana. De hecho, la Policía cree que la mujer se cambió el nombre para la obtención del DNI español, mientras que él adquirió la nacionalidad en diciembre de 2021 y, según las bases de datos policiales, compró dos vehículos ese mismo año y es propietario de un piso por valor de un millón de euros en Madrid.
Para la UDEF es relevante corroborar si el exmilitar trabajaba como funcionario y han analizado unos correos en los que informaba a José Rincón del itinerario de vuelos de unos médicos alemanes que viajaron a Venezuela con motivo del fallecimiento de Hugo Chávez. «Todo apunta a que Said C. se desempeñaba como funcionario adscrito al Ministerio de Defensa como mínimo, hasta marzo de 2013, fecha posterior a la consecución de la operativa de venta de vehículos», revelan. Describen una serie de contrataciones «sorprendes» a una empresa (Plymouth) que creen que fue creada «ad hoc» para lavar el dinero.
«La cuenta de la Caixa fue abierta ocho días después de la constitución de la sociedad venezolana Plymouth a nombre de Carmen J. y en prácticamente cuatro meses casi todo el dinero recibido por ella será a su vez transferido fuera de España», señala el informe.
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