La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó este viernes que está dispuesta a asumir la presidencia del país si el izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción desde la Fiscalía y cercado políticamente en el Congreso, fuese destituido como mandatario.
«Hay un mandato que el pueblo nos ha otorgado, gobernar por cinco años y esa es la única agenda que tenemos. Trabajar estos cuatro años que quedan (de período constitucional) por los más vulnerables, los más necesitados» dijo Boluarte, al ser consultada sobre la posibilidad en una rueda con la prensa extranjera acreditada en Perú.
Pedro Castillo ha superado dos intentos de destitución en el Congreso, pero enfrenta una tormenta de acusaciones políticas y fiscales, que incluye hasta cinco investigaciones judiciales por cargos como corrupción, tráfico de influencias u obstrucción de la justicia en beneficio de su círculo interno de colaboradores.
Boluarte afirmó que en reiteradas ocasiones Castillo le ha negado personalmente haber cometido algún acto de corrupción.
Sobre las actuaciones de la Fiscalía, la vicepresidenta dijo que «las investigaciones que están allí, que se den dentro del marco legal, dentro de las competencias autónomas que tiene las instituciones, que nosotros seremos respetuosos de ello».
En diciembre de 2021 Boluarte había manifestado, cuando Castillo enfrentaba un segundo intento de destitución en el Parlamento, que renunciaría a su cargo, con lo cual rechazaba así una sucesión por mandato constitucional.
Sin embargo, la propia Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfrenta una posible remoción del cargo tras un informe parlamentario que la acusa de supuestas irregularidades administrativas. Se recomienda que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.
En caso de su eventual sanción y remoción, ello colocaría al jefe del Congreso en la línea de sucesión de Castillo.
Al respecto, Boluarte dijo este viernes que «desde una minoría en el Congreso» hay una corriente «bastante rápida por quererme inhabilitar de manera express (…) es tan fácil de deducir que la intención no es hacer justicia sino política».
AFP.