«Tenemos que seguir levantando la voz», reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la decisión anunciada el miércoles «abre una puerta a la justicia«.
«Hay sentimientos encontrados», cuenta a la AFP Elvira. «Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir», lamenta.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos.
El caso entró esta semana a fase de investigación, informó un memorando de entendimiento que Karim Khan, el fiscal de la corte, firmó con el presidente Nicolás Maduro al cierre de una visita de tres días a Caracas.
Khan «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela» y «ha determinado que procede abrir una investigación«, apunta el documento, en el que el gobierno chavista acordó adoptar «todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia».
«Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos», subrayó Maduro.
Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
– Punto de partida –
Una investigación de la CPI «significa que no se habían dado procesos judiciales genuinos» ante violaciones de derechos humanos, declaró Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA. «Ocurrieron crímenes y esos crímenes no han sido investigados debidamente», agregó.
La decisión de Khan «confirma la percepción de la fiscal anterior (Fatou Bensouda) de que hay una ‘base razonable’ para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad», expresó a su vez Liliana Ortega, directora de otra ONG de derechos humanos venezolana COFAVIC. El funcionario podría ahora «individualizar líneas de investigación» y «perfilar qué casos pueden proceder», agrega.
«No es un punto de llegada, es un punto de partida. Es un camino muy largo», que lleva años, resalta la especialista.
Ortega llama a la calma: «Es importante que no se desborden las expectativas de las víctimas, porque eso llevaría a una revictimización».
Venezuela llegó a la CPI por tres líneas de denuncias: violencia contra manifestantes, detenciones políticas (lo que el gobierno chavista niega) y ejecuciones extrajudiciales en operativos contra la delincuencia. Los casos más avanzados, según Uzcátegui y Ortega, se refieren a los arrestos.
Condenar crímenes de lesa humanidad no se trata solo de probar delitos, sino de determinar que estos sean producto de una persecución sistemática.
Familiares de víctimas han pedido ser recibidos por la CPI.
– ¿Voluntad? –
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, considera que no hay «motivos» para una investigación de la CPI, pues más de 150 militares y policías han sido imputados por violaciones de derechos humanos desde 2017. El país «hará una investigación propia de los hechos por los que fue objeto de examen», confirmó a la cadena Telesur.
«La justicia se ha encargado de manipular, dilatar los procesos y jugar a cansar a las víctimas«, reclama, no obstante, José Gregorio Pernalete. «No hay voluntad», expresa Elvira.
Altos funcionarios aseguraron en su momento que su hijo había fallecido a manos de compañeros manifestantes por una pistola de perno, un arma para matar ganado. La imputación de 12 militares llegó en mayo de este año, con el Estado reconociendo -finalmente- que el deceso se debió a una bomba lacrimógena.
«No solo lo asesinaron físicamente, lo querían asesinar moralmente, llamándolo delincuente, criminal, terrorista», rememora Elvira.
Los uniformados fueron acusados de «homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva», en un caso que, entre retrasos, ha cambiado 14 veces de fiscal. El cargo contempla que la lacrimógena fue usada con intención de dañar, no de matar, y elude fijar responsabilidad individual.
Según un informe de una misión independiente de la ONU, divulgado en septiembre de 2021, jueces y fiscales de Venezuela han tenido «un papel» en violaciones de derechos humanos en «una política de Estado para silenciar» a opositores.