El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue declarado en «rebeldía» y recibió una nueva orden de captura este viernes 17 de enero, luego de no presentarse por segunda vez a la audiencia en su contra.
El juez Nelson Rocabado también ordenó la aplicación de un «arraigo nacional» para Morales, lo que implica que no podrá salir del país. La defensa del exmandatario había argumentado que no asistió a la audiencia debido a problemas de salud, específicamente bronconeumonía y bradicardia (frecuencia cardíaca baja), pero el juez consideró que estos no eran motivos suficientes para justificar su ausencia.
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El caso está relacionado con una investigación por trata «agravada» de personas, en la que se indaga una posible relación de Morales con una menor de edad, lo que habría derivado en el nacimiento de una hija en 2016. Según la fiscalía, los padres de la menor habrían consentido el vínculo a cambio de beneficios.
Sin embargo, Morales ha negado las acusaciones y afirma ser víctima de un complot político encabezado por el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía. Ambos se disputan la candidatura de la izquierda para las elecciones presidenciales de agosto, aunque Morales ha sido inhabilitado por la justicia para repostularse.
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En los últimos días, seguidores de Morales, incluidos indígenas y cocaleros, han formado «anillos de seguridad» para evitar su captura. Desde septiembre, cuando se dispuso su detención, Morales ha permanecido resguardado en Lauca Eñe, una región cocalera del Chapare, que es conocida como su bastión político.