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Australia autorizó extradición a Chile de una agente de Pinochet

El Tribunal Federal australiano confirmó este miércoles que Adriana Rivas, una agente del régimen de Augusto Pinochet acusada de la desaparición de siete personas en la década de 1970 en Chile, puede ser extraditada, lo que deja a la mujer solo una vía improbable de apelación.

Al leer el fallo en una vista virtual, el juez Stuart Anderson dijo que el tribunal rechazaba los 17 argumentos de la apelación presentada por la defensa de Rivas, de 68 años, y determinaba que la acusada era extraditable por los siete cargos de secuestro agravado por los que se le requiere en Chile.

La defensa alegó que su cliente no podía ser extraditada porque la Ley de Amnistía en Chile no ha sido derogada por el Parlamento de Chile y, por tanto, no se pueden juzgar los presuntos delitos de Rivas.

La apelación buscaba anular un fallo a favor de la extradición de un tribunal local de Sídney el 29 de octubre de 2020 que fue ratificado el pasado 24 de junio por el Tribunal Federal Australiano.

El fallo de hoy subraya que el papel de la justicia australiana no es determinar si Rivas es culpable o inocente, sino corroborar si existen motivos suficientes para su extradición.

A las afueras del Tribunal Federal de Sídney una decena de activistas chilenos, que llevaron fotografías de las víctimas atribuidas a Rivas, celebraron con aplausos el fallo y leyeron emocionados cada uno el nombre de las siete personas desaparecidas, incluida una embarazada.

«Finalmente, después de más de dos años de que fuera detenida en Australia, y habiendo atrasado su remisión en Chile mediante una serie de dilaciones artificiales por parte de su defensa, el pleno de la Corte Federal ha confirmado hoy la extradición de Rivas», dijo en un comunicado la abogada Adriana Navarro, en nombre de los familiares de las siete víctimas a los que representa.

A la salida del tribunal, Navarro explicó a los activistas allí reunidos que Rivas aún puede recurrir al Tribunal Superior de Australia, pero advirtió de que este paso requiere «una venia especial» de los jueces y convencerlos de que es un asunto de «importancia nacional».