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Venezuela

Caso Azul Positivo: Activistas siguen detenidos, colegas expresan preocupación y rechazo

Trabajadores

Johan León, Yordy Bermúdez, Laynergd Gutiérrez y Alejandro Gómez son cuatro de los cinco integrantes de Azul Positivo que resultaron detenidos, el pasado martes, por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

 

A ellos se les arrestó tras una requisa que demoró seis horas y que escudriñó hasta el último rincón de esa oenegé, que tiene su base de operaciones en el occidental estado Zulia y que cuenta con más de 15 años de trabajo junto a comunidades vulnerables de esa entidad.

 

Tras ser encarcelados de forma arbitraria, la dictadura decidió iniciarles una investigación por la procedencia de los fondos con los que se financian. Dado que Azul Positivo no tiene fines de lucro, se mantiene a flote con dinero procedente de privados o de fundaciones que dependen de gobiernos extranjeros.

 

El origen de ese capital sería la irregularidad que mantiene a los activistas detrás de las rejas. Su caso llegó, este jueves, a manos de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, titular del Tribunal 4° de Control del estado Zulia.

 

Esa magistrada ordenó el encarcelamiento preventivo, luego de que la justicia militar (jurisdicción que inicialmente llevaría el asunto) se declarara incompetente como para conducir el proceso. El Ministerio Público, por su parte, levantó los cargos de asociación para delinquir y legitimación de capitales.

 

En la víspera de esa decisión, diversas organizaciones radicadas en Venezuela demandaron a Peter Grohmam, coordinador humanitario de Naciones Unidas en el país, una reacción contundente.

 

“Arrancamos este año realmente alarmados por la continuidad de los ataques y hostigamiento, y criminalización de la sociedad civil. Esto no es nadas nuevo y no lo normalizamos”, pidió Alberto Nieves, quien integra la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi).

 

“Exhortamos a las agencias de Naciones Unidas y al coordinador humanitario que se encuentra en el país, que emita un comunicado urgente”, solicitó, entretanto, Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez).

 

Casi a la par de esos clamores, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por el hostigamiento recurrente, con el que la dictadura merma el trabajo de las organizaciones humanitarias.

 

“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal”, expresó Marta Hurtado, vocera de la ACNUDH.

 

En su comunicado, Hurtado también puso el resaltador sobre el ataque del régimen contra el medio digital VPItv, contra los diarios “Tal Cual” y “Panorama”, y contra una emisora que pertenece al movimiento Fe y Alegría.

 

La portavoz destacó que las agresiones, que ocurren de forma recurrente, implican sanciones administrativas, cierre temporal o permanente de sedes operativas, intimidación al personal e, incluso, incautación de quipos sin alguna justificación aparente.