Los medios informativos oficiales en Nicaragua presentaron el martes una serie de entrevistas donde personas que padecen de enfermedades crónicas agradecen al “comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo” por darles acceso gratuito a la vacuna contra COVID-19.
Desde el centro de hemodiálisis del Hospital Cruz Azul, en Managua, se identificó a Marcos Antonio Arauz, de 62 años y paciente con insuficiencia renal crónica e hipertensión como el primer nicaragüense en recibir la vacuna contra el coronavirus en el país.
Arauz manifestó que los pacientes que se vacunen deben firmar un documento en el que expresan que entienden que el procedimiento es “voluntario”, lo cual libra de cualquier tipo de responsabilidad tanto al hospital como al gobierno si hubiese algún tipo de efectos secundarios con la vacuna.
“Le damos gracias a él (Ortega) y a la compañera (Murrillo) porque lo mirábamos algo imposible, pero si como dicen, para uno es imposible, para Dios no hay nada imposible y porque él gestionó para nosotros que somos los que más necesitamos”, declaró.
Murillo, vicepresidenta y primera dama, ha hecho hincapié durante sus intervenciones públicas en que no es obligatorio el proceso de inmunización y que se aplicarán las dosis a las personas que estén contempladas en los programas priorizados, o sea, personas con enfermedades preexistentes como la insuficiencia renal, hemodiálisis y programas oncológicos y cardiológicos.
Esas declaraciones ha generado la preocupación de especialistas del comité científico multidisciplinario, que consideran que el gobierno no está dando la prioridad requerida al proceso de inmunización, ya que ni siquiera cuenta con un plan nacional de vacunación.
El doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó a la Voz de América que no se puede basar un programa de vacunación urgente con limitaciones en su cobertura y continuidad, como el de atención a enfermedades crónicas.
Los especialistas también plantean que para tomar una decisión voluntaria se requiere estar debidamente informado sobre el riesgo de enfermar o morir por COVID-19, algo que es apenas posible en Nicaragua, ya que el gobierno tampoco sostiene una campaña de información o promoción de la vacunación como sucede en otros países de la región.
Con información de Voz De América