En medio de un lento y desigual avance de la vacunación en América Latina, tres países de la región, Perú, Argentina y Chile, se han visto salpicados por irregularidades en los procesos de inoculación. Los escándalos implican a un amplio abanico de ciudadanos, muchos de los cuales funcionarios que recibieron la vacuna fuera de los procesos reglamentados para toda la ciudadanía.
La desigualdad en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 es un hecho sobre el que vienen sonando alarmas tanto organizaciones sociales como la Organización de Naciones Unidas, que hace unos días denunció que diez países habían acaparado el 75 % de las dosis de los antídotos a nivel mundial. Pero sumado al desigual reparto de las inyecciones, se encuentran diversas irregularidades en el proceso de vacunación, cada vez más notorias en la región.
En América Latina, una de las regiones del mundo con mayores desigualdades sociales, ya son tres países señalados por escándalos en los procesos de vacunación que atañen tanto a políticos como a personalidades públicas.
Se trata de Perú, con el ya renombrado escándalo del ‘Vacunagate’; Argentina, con la llamada ‘vacunación VIP’ y Chile, líder en las campañas de vacunación. Las tres naciones han destapado escándalos de corrupción en sus procesos de inmunización.
Perú: el escándalo del Vacunagate
El pasado 15 de febrero, Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en destapar un escándalo relacionado con las vacunas. Al menos 467 personas accedieron a la vacuna china de Sinopharm cuando esta permanecía en ensayos clínicos.
El descubrimiento de irregularidades con el fármaco tomó el nombre de ‘Vacunagate’ y salpicó a una multitud de políticos y funcionarios tanto del Ejecutivo anterior como del actual Gobierno de transición. Al menos el 25% de las personas que se vacunaron de forma ilícita correspondían a trabajadores del Estado.
El expresidente Martín Vizcarra, quien en un primer momento sostuvo que fue «voluntario» durante los ensayos, y su familia, son algunos de los nombres más sonados. También accedieron en secreto a las vacunas las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Exteriores, Elizabeth Astete.
Pero en el ‘Vacunagate’ también están implicados integrantes de la Iglesia Católica y reconocidos empresarios. Antes de que iniciara el proceso de vacunación a la población del país y antes de haberse concluido los ensayos clínicos del fármaco, el laboratorio chino Sinopharm acordó, con la mediación del entonces presidente Vizcarra, llevar a cabo los ensayos masivos de su vacuna en Perú, un proceso que inició el pasado mes de septiembre, con la participación de 12.000 voluntarios.
Las irregularidades se produjeron con un lote exclusivo del suero del laboratorio chino Sinopharm, que estaba dedicado a la inoculación del personal encargado del ensayo clínico de esta vacuna. El laboratorio envió la cantidad extra de 3.200 dosis «para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio».
Ese cupo fue dividido: 1.200 quedaron supuestamente en manos de la Embajada de China en el país y 2.000 en manejo del equipo encargado, que las facilitó a petición de las autoridades peruanas y sus contactos cercanos. Todo ello bajo el auspicio del Ministerio de Salud y del Gobierno.
El escándalo y la crisis institucional fueron de tal magnitud, que el 19 de febrero la titular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, anunció que 16 funcionarios, todos ellos vacunados, ya no forman parte del equipo de Gobierno. Todos pertenecían a los actuales Ministerios de Salud y Relaciones Exteriores.
Ese mismo día, el presidente interino, Francisco Sagasti, juramentó al nuevo ministro de Salud, Allan Wagner. Es el sexto ministro de Salud que tiene Perú en el último año, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes por la pandemia. «Realmente me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID-19», dijo Sagasti en una entrevista hace unos días.
Tanto el Gobierno, como el Congreso y la Fiscalía están llevando a cabo investigaciones para revelar lo ocurrido y determinar si hay más implicados en este escándalo que sobrepasa los límites legales, pero también éticos y los principios solidarios de aquellos encargados de velar por el bienestar de los peruanos.
Perú ha sido uno de los países latinoamericanos más afectados por el coronavirus, superando los 40.000 decesos. A pesar de ello, comenzó a vacunar al personal en la primera línea de batalla contra el virus el pasado 8 de febrero.
Argentina y las ‘vacunaciones VIP’
Más al sur de la región, en Argentina, este viernes saltó la polémica por la administración irregular de vacunas contra el coronavirus. El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, después de que estallara un nuevo escándalo, conocido como ‘vacunación VIP’ que incumbe a altos funcionarios y personalidades públicas cercanas al Ejecutivo.
El mismo Ginés Gonzáles presentó horas después su dimisión, aceptada por el mandatario, quién ya ha nombrado a Carla Vizzotti en reemplazo de Ginés. «Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad», dijo en Twitter el ministro saliente.
Las vacunaciones ‘VIP’ se habrían llevado a cabo dentro de la sede del Ministerio de Salud argentino, donde los privilegiados «amigos y buenos contactos» de los funcionarios recibían la inoculación. Así lo desveló el viernes un conocido periodista argentino, Horacio Verbitsky, relatando que él mismo llamó a su «viejo amigo» (González García) para recibir la dosis de la vacuna.
La denuncia implicaría a otros miembros de la cartera de Salud, entre los que estaría la nueva ministra y ex secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quién también habría recibido la vacuna de forma privilegiada.
El escándalo de la ‘vacunación VIP’ llega a la Justicia
«Es inaudito que haya alguien, en este caso la cúpula del Ministerio de Salud, que dictamine quién debe morir y quién debe vivir. Con 50.000 muertos que llevamos en el país, este es un caso de corrupción clara», dijo el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina, Fernando Miguez, que ha presentado una denuncia penal para que se investigue el caso.
En Argentina, país pionero en América Latina en la inoculación de su población con la vacuna rusa Sputnik V, ya habían trascendido rumores de que alcaldes, militantes políticos y otros funcionarios de provincias habían sido inoculados pese a no estar dentro de los grupos prioritarios que marca su plan nacional de vacunación.
Las inoculaciones contra el coronavirus iniciaron el pasado diciembre en Argentina, con el personal de la salud como prioridad y no ha sido hasta el pasado jueves que se comenzó a administrar el suero a los adultos mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires.
En Chile 37.000 personas se saltan la fila
Luego de Perú y Argentina, la nación cuya exitosa vacunación está siendo un ejemplo en la región y en todo el mundo, se ha visto empañada por irregularidades en las vacunaciones. Un total de 37.306 personas recibieron dosis contra la enfermedad antes de lo establecido en su calendario de vacunación. Es decir, menores de 60 años y sin enfermedades crónicas que no pertenecen a los grupos prioritarios.
La noticia y las cifras las dio a conocer el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), un episodio que ya se conoce como el ‘Vacunagate’ chileno. Hasta el momento, nadie ha asumido responsabilidad.
Las cifras indican que 9.023 personas vacunadas tienen entre 18 y 39 años; 9.071 entre 40 y 49 años y 17.365 entre 50 y 59 años, según informan los medios locales. Entre ellos, estarían personalidades famosas y funcionarios públicos.
Chile es el país de América Latina que más ha avanzado en la vacunación de su población y ya se encuentra en la fase de vacunación masiva. Hasta el sábado 20 de febrero, 2,8 de los 18 millones de habitantes del país ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac. La nación austral pretende vacunar hasta el 80 % de sus habitantes en los primeros seis meses de 2021.