El 4 de febrero de 1992 el nombre del entonces teniente coronel Hugo Chávez se hizo familiar para los venezolanos. Al frente de 2.000 soldados lideró un golpe de Estado que fracasó, pero que le sirvió para, siete años más tarde, llegar a la Presidencia de Venezuela con una idea fija en su mente: «cambiarlo todo».
«Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital», dijo tras su fracaso un Chávez cariacontecido y todavía tocado con su boina roja de paracaidista.
#EsNoticia | 🇻🇪 El #4Feb recordado como el día que agrietó la democracia en Venezuela.
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📽️ Bárbara Crespo
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«Por ahora»: 31 años de la rendición que catapultó a Chávez tras un golpe fallido
La hija del presidente hablaba por teléfono cuando escuchó las primeras ráfagas sobre la residencia oficial. El 3 de febrero de 1992, entrada la noche, estallaba un golpe de Estado en Venezuela encabezado por Hugo Chávez, un militar desconocido hace 30 años.
«Nos atacaron de una forma cruel y terrible por más de cuatro horas», recuerda Carolina Pérez, hija menor del exmandatario Carlos Andrés Pérez (1989-1993), que había salido minutos antes al palacio de gobierno, tras los primeros reportes de alzamiento.
Hacia la madrugada del 4 de febrero el palacio presidencial de Miraflores en Caracas era atacado con vehículos blindados y armas largas. Unos 10 batallones del Ejército en cinco ciudades se habían alzado, pero el golpe fracasó al no controlar la sede del gobierno, cuyo ataque tenía que ser reforzado por la tropa al mando de Chávez, que nunca llegó.
Pero fue a este teniente coronel de 37 años y atrincherado en un museo militar convertido hoy en lugar de culto chavista, a quien se le permitió rendirse en televisión.
«Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados», dijo, uniformado con traje de camuflaje y boina roja. «En Caracas no logramos controlar el poder».
– «Para siempre» –
Tras este suceso, Chávez fue encacerlado pero luego fue liberado en 1994, cuando recibió un indulto que lo lanzó a la política, catapultado por ese «por ahora». Cuatro años después ganó la presidencia y gobernó hasta su muerte en 2013.
«El ‘por ahora’ se convirtió en la esperanza, en el para siempre», dijo esta semana su sucesor, Nicolás Maduro, quien como Chávez es tildado de dictador por sus adversarios.
«Chávez se rebeló contra el sistema dominante, la oligarquía y el imperialismo», añadió Maduro, reafirmando el discurso oficial de la llamada Revolución Bolivariana, que celebra el 4 de febrero como el «día de la dignidad» con homenajes a los golpistas, muchos en el gobierno.
El golpe contra Pérez se produjo en medio de una crisis social enmarcada en el giro neoliberal que le dio a su segundo gobierno (ya había sido presidente entre 1974 y 1979 en los años de la Venezuela «saudita») que provocó «El Caracazo», una protesta generada por un aumento de los precios del combustible que fue brutalmente reprimida por los militares.
«Cada caudillaje dice ser portador de la auténtica y verdadera liberación», señaló el historiador Agustín Blanco Muñoz. «En el caso del 4F se pretende que su acción corresponde a una supuesta ‘transición hacia el socialismo’, pero ¿de cuál socialismo, cuál comunismo? ¿Dónde existe o existió eso?».
– Brandy para los heridos –
Durante la arremetida contra La Casona, antigua residencia oficial del presidente de Venezuela, Carolina Pérez estuvo junto a su madre Blanca en la habitación principal. Le acompañaban dos sobrinos de cuatro y cinco años y una tía de 83, más nadie.
Fueron más de 200 militares disparando. Recuerda las paredes agujeradas por la metralla, su vehículo con más de 500 impactos, además de los dos morteros que cayeron en la capilla y una habitación de la mansión estilo colonial, que afortunadamente no estallaron.
«Han pasado 30 años y aún no entiendo el salvajismo», dijo a la AFP.
Blanca de Pérez, fallecida en 2020, ordenó que solo la escolta civil custodiara a la familia, mientras improvisaba gasas con sábanas para tratar a los heridos de ambos bandos. «Mi mamá les daba una especie de acetaminofén y brandy para calmar el dolor», relató Carolina, entonces con 28 años.
Pérez se dirigió al país por televisión en la madrugada y volvió a la residencia entrado el amanecer, con el golpe ya neutralizado. Las paredes de su habitación estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo principal.
Acusado de corrupción, fue forzado a abandonar el poder por malversación de fondos y pasó años preso en La Ahumada, la casa donde aún vive Carolina.
Ese golpe del 4F (4 de febrero) ha quedado en el imaginario de los chavistas y pervive como parte de los símbolos del hombre al que vieron por primera vez una noche de tiroteos.
Se identifican poniéndose un brazalete con la bandera de Venezuela, así como hicieron los golpistas para distinguirse de los leales al Gobierno legítimo, reducen la jornada a una «rebelión» o ahora, tras su muerte, proclaman que viven «el 4F por ahora y para siempre». El golpe de Estado les formó e identificó y de su memoria siguen viviendo.
Tan es así que su heredero, el que ocupó el Palacio de Miraflores a su muerte, prometió seguir su legado y cumplir su promesa.
«El comandante Hugo Chávez lo cambio todo, para eso vino. Y quiero decirles a ustedes (…) que yo estoy aquí, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución», advirtió Nicolás Maduro en 2013, poco después de llegar a la Presidencia, frente a un nutrido grupo de militares.
Pero… ¿Qué ha pasado tres décadas después?
Solo expertos y aquellos con una diferencia ideológica fueron quienes alertaron a la población de las verdaderas intenciones de Chávez y sus tropas desde el 4 de febrero; sin embargo, eso no fue suficiente para asegurar su triunfo en 1999.
Cuando Cháez asumió la presidencia prometió, entre otra cosas, reducir los enormes niveles de desigualdad de Venezuela.
Si bien logró reducir la desigualdad durante su tiempo en el poder, algunas de las políticas socialistas que introdujo fracasaron. Tome los controles de precios, por ejemplo, que tenían como objetivo hacer que los bienes básicos fueran más asequibles para los pobres al limitar el precio de la harina, el aceite de cocina y los artículos de tocador. Los controles significaron que muchas empresas venezolanas detuvieron la producción porque ya no obtuvieron ganancias, lo que eventualmente resultó en escasez.
De máquinas de petróleo a productos agrícolas porque «ya el petróleo no sirve»
La industria de los hidrocarburos de Venezuela se derrumbó por completo. Siete años de mala gestión (desde 2013) y purgas políticas, el desmantelamiento de las estructuras directivas de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el dejar de lado tradicionales políticas de empresa, todo lo llevado a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014 ha socavado el sector y desestabilizado la economía nacional.
El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que Venezuela produjo solo 527.000 barriles de petróleo al día en septiembre de 2021. Esto equivale a una caída de 2,49 millones de barriles diarios, es decir, una disminución del 82,9% de la capacidad de producción de petróleo en comparación con los niveles de 2013.
Este descenso no tiene precedentes en la historia de ningún país productor de petróleo que no haya sufrido un agotamiento de los yacimientos, una guerra o un conflicto armado interno. Si bien el sector petrolero también sufrió el colapso mundial de los precios del petróleo a partir de 2014, las políticas implementadas por el gobierno de Maduro han acelerado aún más el declive.
Con la economía en ruinas y el nivel de vida colapsado, las condiciones actuales se hacen aún más sorprendentes dado que está certificado que Venezuela tuvo las mayores reservas probadas de petróleo del mundo entre 2007-2011, situándose en 316.000 millones de barriles.
Hasta 2013, PDVSA tenía una sólida reputación como una de las empresas petroleras nacionales más fuertes del mundo. Según el informe financiero auditado de PDVSA de finales de 2013, Venezuela producía 3,02 millones de barriles diarios de crudo y se procesaban 1,2 millones de barriles diarios de combustible en el sistema nacional de refinación.
Al mismo tiempo, PDVSA mantenía 231.000 millones de dólares estadounidenses en activos, plantas y equipos, 84.000 millones en patrimonio neto y arrojaba 12.000 millones en ganancias. Fue clasificada por el Petroleum Weekly Report como la quinta empresa petrolera más influyente del mundo en 2013.
A principios de 2014, el nuevo gobierno de Maduro, buscando afianzarse en el poder, impulsó una violenta campaña de persecución política interna contra el ministerio de Petróleo y PDVSA, el núcleo del poder económico de Venezuela. El objetivo era destituir a la cúpula directiva heredada del gobierno del presidente Hugo Chávez y obtener el control total de la empresa y sus ingresos.
La persecución llevó a cientos de directores, gerentes y trabajadores –incluido este autor– al exilio y la cárcel. En su lugar, el gobierno nombró a operadores políticos, sin conocimientos ni experiencia en el sector petrolero, que brindaron apoyo incondicional a las políticas de Maduro pero perjudicaron la capacidad operativa de la empresa, eludiendo todo mecanismo de control o rendición de cuentas. De hecho, a partir de 2016, el gobierno deja de emitir el Informe de Auditoría Financiera de PDVSA, ni presenta los resultados de la gestión al público o a la Asamblea Nacional.
Después de una grave mala gestión de la empresa, el gobierno cedió el control de PDVSA a los militares, nombrando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, como presidente de la corporación y ministro de Petróleo en 2017. La persecución interna aumentó a partir de entonces, con la salida de más de 30.000 empleados de la empresa, muchos de ellos ingenieros y técnicos altamente especializados.
Entre 2015 y 2018, la producción de petróleo se redujo a 1,7 millones de barriles diarios, una caída del 43,6% respecto a los niveles de 2013.
Sin ingresos petroleros y sin políticas económicas de futuro, el gobierno proclamó “el fin de la era del petróleo” como nueva política estrella. Mientras tanto, Venezuela sufrió una aguda inestabilidad económica con la segunda mayor hiperinflación de la historia, que alcanzó el 180,9% en 2015 y el 9.598% en 2019. La moneda nacional –el bolívar– experimentó una depreciación masiva frente al dólar estadounidense, perdiendo el 100% de su valor en 2019, mientras que el PIB se contrajo un 74% entre 2015 y 2019.
Hoy día, el gobierno trata de vender lo que queda de los activos de PDVSA a empresarios locales y pequeñas empresas. Mientras tanto, debido a las sanciones de Estados Unidos (EEUU) y a los años de mala gestión del sector por parte del gobierno, grandes empresas petroleras como Chevron, Rosneft, Total o Equinor han abandonado el país.
– ¿Maduro no quiere petróleo? –
A principios de este 2020, Maduro indicó que aunque el petróleo seguirá ocupando un lugar importante, la economía de su país se diversificará para generar otras riquezas.
«¿Que el petróleo va a seguir ocupando un papel importante en Venezuela? Sí. ¿Que tenemos la reserva más grande de petróleo? Verdad, pero ya basta de solo pensar en petróleo y de tener la mente dependiendo de que el petróleo nos da todo, no, tenemos que diversificar las fuentes de riquezas y que Venezuela tenga tantas o más riquezas que la que produce el petróleo, eso será a mediano plazo», señaló.
Dentro de este orden de ideas, propuso acelerar el paso hacia una economía post-petrolera, para que su país no dependa únicamente del crudo, el cual dijo es atacado por Estados Unidos para afectar a esta nación sudamericana.
«Hay una economía que tiene que producir riquezas y yo he propuesto acelerar la transición hacia una economía post-petrolera, el imperialismo norteamericano se metió a atacarnos el petróleo y pensó que Venezuela no podía, yo llamé al trabajo, a la recuperación económica y lo estamos logrando», expresó
¿Y la economía? = Hiperinflación, sanciones y PIB
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el pasado 12 de diciembre que la inflación había sido del 8,4% en noviembre, después del 6,8% de octubre y el 7,1% de septiembre. La tasa de inflación, que se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que el BCV elabora junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), habría sido, por tanto, de un dígito durante tres meses seguidos por primera vez desde 2016.
De acuerdo con el propio BCV y los organismos financieros internacionales, Venezuela había pasado a tener una de las inflaciones más altas del mundo en 2013 con un 56,2%, que junto con la crisis política posterior a la muerte del presidente Hugo Chávez desembocaron en una crisis de divisas y una mayor escasez de alimentos, entre otros productos básicos.
Ya en noviembre de 2017, Venezuela inició un periodo de hiperinflación del que podría salir si el diciembre actual confirma la tendencia reciente: sería el duodécimo mes consecutivo con incrementos de los precios por debajo del 50%, después del INPC del 77,5% en diciembre de 2020. Según datos del BCV que citan medios especializados, la inflación acumulada llegó al 631,1% en noviembre de este año, frente al 1.624,1% acumulado en el mismo mes el año anterior. Mientras, la interanual habría sido del 1.197,5%, confirmando una reducción constante desde el pico en marzo de este año.
Algo similar ocurre con la respuesta del Gobierno a la “guerra económica”.
Según analizó en noviembre la periodista especializada de Thomson Reuters, Mayela Armas, para Voz de América, las sanciones habrían llevado a Maduro a flexibilizar los controles —de precios, propiedad o arancelarios, entre otros— sobre las empresas, por lo que estas han tenido más margen para operar aunque se mantenga el marco legal.
Datos estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que, en el marco de la contracción de la economía venezolana en aproximadamente cuatro quintos desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, la variación porcentual interanual del producto interno bruto (PIB) sigue siendo negativa. No obstante, pasaría del -19,6% de 2018, del -35% de 2019 y del -30% de 2020 ya en pandemia a un -5% en 2021 y un -3% en 2022.
Pese a la mejora previsible, el FMI advierte en ese informe de octubre de 2021 sobre perspectivas económicas regionales que proyectar las de Venezuela “es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades, a la asimilación incompleta de los datos declarados, y a las dificultades para interpretar algunos indicadores a la luz de la evolución económica”.
“Los datos correspondientes a 2018–21 son estimaciones del personal técnico del FMI. En vista de los efectos de la hiperinflación y la escasez de datos declarados —avisa el organismo—, los indicadores macroeconómicos proyectados […] deben interpretarse con cautela [porque están sujetos] a un amplio margen de incertidumbre”.
Desigualdad social
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, de la Universidad Católica, el 95% de los venezolanos son pobres, el 70% está en pobreza extrema y la desigualdad es más aguda que en Colombia y Brasil, los dos países más inequitativos del mundo.
En una nación que llegó a tener una clase media consolidada, hoy la desigualdad está en cada esquina. Me pasó en un restaurante que los meseros hablaban de los 10 o 15 dólares que ganaron en un «trigrito» al tiempo que en la mesa de al lado escuché a empresarios alardear de sus inversiones por $100.000.
Mientras que en los barrios populares los peluqueros montan asientos informales con espejos agrietados para ganarse $2 por corte durante el fin de semana, en sectores acomodados han abierto barberías con bar y mesa de billar donde peluquearse vale $20 «con masaje y bebida de cortesía» incluidos.
La dolarización de facto ha generado crecimiento, algunos empleos, alivió la escasez y rebajó la presión sobre el gobierno. Pero ninguno de los economistas con los que hablé se mostró optimista.
Diáspora venezolana que aumenta años tras año
Según cifras recopiladas por Naciones Unidas, más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado el país desde que la crisis comenzó a golpear en 2014.
El gobierno ha cuestionado las cifras, diciendo que están infladas por «países enemigos».
La mayoría de los que se van han cruzado a la vecina Colombia, desde donde algunos se trasladan a Ecuador, Perú y Chile. Otros se han ido al sur a Brasil.
Emergencia humanitaria
El grégimen no ha publicado datos epidemiológicos desde 2017, cuando el Ministerio de Salud divulgó estadísticas mostrando que la mortalidad materna había aumentado 65 % y la mortalidad infantil 30 % en 2016. La ministra fue despedida pocos días después.
El sistema de salud venezolano ha colapsado, lo cual ha propiciado un resurgimiento de enfermedades infecciosas y prevenibles con vacunación. La escasez de medicamentos e insumos de salud, las interrupciones en el suministro de servicios básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han reducido severamente la capacidad operativa.
El Programa Mundial de Alimentos calcula que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia. A partir de datos recabados antes de la pandemia, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2020 informó que 8 % de los niños y niñas menores de cinco años tenía desnutrición aguda y 30 % tenía desnutrición crónica o retraso en el crecimiento. En los sectores más vulnerables, 14,4 % de los niños y niñas menores de cinco años estaban desnutridos, según datos difundidos en julio por la organización no gubernamental Cáritas.
Muchas familias tienen dificultades para alimentar a sus hijos mayores, en parte debido al declive de programas de alimentación escolar. La asistencia escolar, que ya había disminuido por la emergencia humanitaria, se ha reducido aún más como resultado de las restricciones por el Covid-19. Las clases presenciales, que fueron suspendidas en marzo, no habían reiniciado cuando se preparó este informe.
Al 2 de noviembre, había 92.325 casos confirmados de Covid-19 en Venezuela y 801 muertes. Es probable que las cifras sean mucho más altas, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales sanitarios y periodistas que informan sobre la pandemia.
Asimismo, es probable que el acceso limitado a agua en hogares y hospitales y el hacinamiento en prisiones y zonas de bajos ingresos contribuyan a una rápida propagación del virus. En la mayoría de los centros sanitarios hay una grave escasez de equipos básicos como guantes, mascarillas, alcohol en gel y jabón. La falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores probablemente agudice la tasa de fallecimientos.
El hambre aumentó no mermó
"Igual pido a todas las fuerzas del país, los gobernadores, los alcaldes, las Asambleas Legislativas, los representantes de las diversas regiones ¡vamos por los pueblos! que ese país recupere credibilidad en nosotros, yo les repito, seré el primer soldado a tiempo completo de esa batalla, batalla que estoy seguro vamos a ganar contra el atraso, contra la miseria, contra el hambre y dentro de esa misma visión estaremos impulsando más allá de Venezuela en el orden macropolítico la Constituyente, en el orden económico un proceso de desarrollo y dinamización de la producción nacional y un proyecto de estabilización macroeconómica, algunas de cuyas medidas ya el país conoce de afianciamiento sólido de una disciplina fiscal a la par de eso un proyecto internacional.", esto fue parte del discurso de Chávez en 1999, cuando asume la presidencia de Venezuela.
Años más tarde, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) alertó que, por la pandemia del covid-19, el hambre y la inseguridad alimentaria se incrementó en Latinoamérica y el Caribe durante el año 2020.
En 30 % de los hogares venezolanos aceptan trabajar a cambio de alimentos
Una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ovsan) detalló que en Venezuela solamente el 9 % de las familias viven en una situación de seguridad alimentaria, mientras que 90,7 % se encuentra en los tres restantes escalafones.
“La familia venezolana ha sacrificado sus bienes y medios de vida para enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria, que vulneran la salud y la vida de los integrantes de la familia”, refiere el estudio.
Dos disputas tras la crisis política en Venezuela
Protestas, presos políticos y ningún norte para socavar la crisis en Venezuela, el Parlamento venezolano electo en 2015, donde la oposición obtuvo un gran triunfo, designó como presidente del Poder Legislativo a Juan Guaidó del partido político Voluntad Popular el 5 de enero de 2019. Pero no fue sino hasta el 23 de enero que todo empezó a tomar diferentes rumbos; puesto que este líder opositor, ahora se proclamó como Presidente Interino de Venezuela, lo que desglosó un gobierno paralelo al de Nicolás Maduro.
Es complicado la fórmula que equivale a: dos presidentes (Guaidó reconocido por mayoría de la comunidad internacional), dos Asamblea Nacional, dos Tribunal Supremo de la Justicia, dos defensores del pueblo.
Venezuela ha estado en una situación de impasse político desde que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, declaró que asumía como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. Maduro continuó controlando todas las instituciones del país, excepto el poder legislativo.
En julio, como medida previa a elecciones parlamentarias programadas para diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso que partidarios del gobierno de Maduro intervinieran tres importantes partidos políticos de oposición y nombró a oficialistas para dirigir el Concejo Nacional Electoral (CNE).
Los partidarios de Maduro ganaron dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional en elecciones celebradas el 6 de diciembre, las cuales fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición y en las que participó menos de un tercio de los electores registrados. Muchos gobiernos de la región y Europa sostuvieron que las elecciones no habían cumplido con las mínimas garrantías para un proceso libre e imparcial.
¿Cómo está Venezuela en tema de la comunidad internacional?
La nación petrolera debe pagar un mínimo de casi 40 millones de dólares para salir de la lista de morosos que integran otros 10 países en 2022, según un documento oficial del secretario general Antonio Guterres donde explica que la sanción está establecida en el Artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta disposición establece que los países no podrán votar cuando la suma pendiente «sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.
– Preocupación por los DDHH-
En septiembre 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) detalló en un nuevo informe las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a quienes están en contra del régimen de Nicolás Maduro.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
El régimen de Maduro buscó retrasar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo.El
15 de abril de 2022, Venezuela solicitó al fiscal de la CPI, Karim Khan, que aplazara la investigación de su oficina sobre posibles crímenes de lesa humanidad, alegando que las autoridades nacionales ya estaban investigando estos crímenes. El 20 de abril, Khan notificó a un panel de jueces de la CPI sobre la solicitud de Venezuela. En el mismo documento, indicó que su oficina pronto pediría a los jueces que rechazaran la solicitud. La investigación está suspendida hasta que los jueces se pronuncien sobre la próxima solicitud de Khan.
“La intención expresada por el fiscal de la CPI de continuar con su investigación, que requiere revisión judicial, es una señal positiva”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Es esencial que el fiscal de la CPI demuestre un compromiso claro con las víctimas, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que buscan justicia por los abusos sufridos por los venezolanos”, con información de Human Rights Watch.