La decisión de Joe Biden de comenzar a deportar a Colombia a los venezolanos que entran ilegalmente a EE.UU., sobre todo cruzando desde México, le ha abierto al presidente una crisis en el Capitolio y le ha propiciado un aluvión de críticas de organizaciones humanitarias, que denuncian un endurecimiento de la política migratoria con respecto a la anterior Administración, dando la espalda a inmigrantes que huyen de la represión del chavismo y la miseria en su país al no permitirles pedir asilo.
Entre las críticas más duras está la de uno de los más destacados demócratas en el Capitolio, Bob Menéndez, que preside la comisión de Exteriores del Senado. Menéndez acusó a Biden y su gabinete de trato «cruel» hacia estos exiliados, ya que «Venezuela padece una crisis de refugiados como resultado de una dictadura brutal».
El senador es muy claro: «Al continuar una práctica de la ley de inmigración de Trump, esta administración está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección. Bajo el cruel régimen de Maduro, los venezolanos que son devueltos se enfrentan a un futuro sombrío y, en muchos casos, duras consecuencias por buscar asilo político en EE.UU.».
La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que devolverá a venezolanos detenidos a Colombia si han pasado antes por ese país, aplicando un decreto de la era Trump que le permite al presidente efectuar devoluciones en caliente por la crisis sanitaria de la pandemia. El 27 de enero, EE.UU. devolvió a Colombia a dos ciudadanos venezolanos después de que cruzaran de México sin los visados en regla. Este método de expulsión se conoce como «Título 42», por el decreto de Trump sobre la pandemia.
Desde 2019, la Casa Blanca no reconoce al dictador Nicolás Maduro como el presidente legítimo de su país, y por lo tanto no puede repatriar a los venezolanos detenidos, como sí hace con mexicanos o haitianos, entre otros. Al grueso de los detenidos, EE.UU. les devuelve en caliente a México para que allí esperen una decisión sobre sus solicitudes de asilo o regresen a sus países de origen.
Hasta ahora, el grueso de los venezolanos también volvían a México, y luego obtenían cita con inmigración en EE.UU., donde eran puestos en libertad a espera de su petición de asilo, dentro del llamado programa «Permanece en México». Sin embargo, el mes pasado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México comenzó a pedirles visado para poder permanecer en el país. Días después de esta decisión, EE.UU. comenzó las expulsiones a Colombia. Informó de dos ya producidas el 27 de enero de 2022. Los venezolanos llegaron ese mismo día en un vuelo comercial a Colombia y ese país les dio un permiso para que pudieran quedarse allí dos semanas legalmente, aunque después volvieron su país de origen.
Las detenciones de venezolanos que han entrado ilegalmente en EE.UU. se han disparado de forma dramática en meses recientes. En diciembre de 2021 fueron casi 25.000. Un año antes eran apenas 380. Desde mediados de 2019, cuando EE.UU. rompió relaciones con el chavismo y este aumentó la represión de la disidencia, han sido arrestados más de 113.000 venezolanos que han cruzado sin la documentación debida en EE.UU. Muchos son víctimas de la trata de blancas, extorsionados por el crimen organizado y dependientes de los coyotes, que cobran por cruzarles.
En total han huido de su país seis millones de venezolanos, la mayor crisis migratoria en la historia del continente americano.
Aparte del programa de «Permanece en México», Biden mantuvo las expulsiones por razones sanitarias de la pandemia, y devolvió en caliente entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 a 1,5 millones de sin papeles por esa otra vía, del total de tres millones que fueron detenidos. En su inmensa mayoría son centroamericanos y haitianos, aunque hubo también 1.500 venezolanos entre ellos, según cifras del Gobierno estadounidense. A esos expulsados por razones sanitarias no se les permite pedir asilo.
La diferencia es que ahora a esos venezolanos se les expulsa a Colombia, donde no tienen oportunidad de volver a las autoridades migratorias de EE.UU. para pedir el asilo.
Este cambio ha provocado cierta tensión entre Washington y Bogotá. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo la semana pasada, a preguntas de la prensa, que «por supuesto» esas deportaciones «requieren de un acuerdo con el Gobierno [de Colombia]». Pero este último negó inmediatamente que haya acuerdo alguno por medio de su canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.
Derecho a pedir asilo
El Gobierno interino venezolano que comanda el opositor al chavismo Juan Guaidó ha pedido a la Casa Blanca que permita a esos venezolanos solicitar asilo como hizo la anterior Administración. Su representación en Washington pidió a Biden en un comunicado que «permita que los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo, que la misma sea evaluada de acuerdo a los procedimientos establecidos, y conforme a ello sea tomada una decisión definitiva».
Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, critica que se le impida a estos exiliados pedir el derecho de asilo en la frontera. «Es notable la inconsistencia del Gobierno de Biden al expulsar a los venezolanos, cuando hace menos de un año les otorgó Estatus de Protección Temporal, basándose precisamente en las devastadoras condiciones en el país que los obligó a huir».
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo el año pasado que negarles derecho de asilo a esas personas y expulsarlas del país, alegando la crisis sanitaria del coronavirus, viola «preceptos centrales» de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU de 1951, y que las expulsiones han tenido «consecuencias humanitarias graves en el norte de México».
Calcula además el servicio migratorio de EE.UU. que hay en este país más de 320.000 venezolanos en situación irregular. Esta cifra la reveló la Casa Blanca después de que, en una de sus últimas decisiones en el cargo, Trump otorgó amparo de deportación de los venezolanos por la crisis humanitaria en su país. Se trata del antes mencionado Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los venezolanos sin papeles que hubieran estado de forma continua en EE.UU. hasta el 20 de enero de 2021.
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