Siempre en el ojo del huracán por sus informes y declaraciones con respecto al caso venezolano, Michelle Bachelet se ha convertido en una figura clave en la lucha por la democracia en Venezuela, según el abogado Juan Alberto Berríos Ortigoza, codirector de la asociación civil Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
“El rol de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (…) es fundamental para procurar que se restablezca la vigencia de los derechos humanos en el país”, sostiene Berríos Ortigoza en un ensayo publicado en la revista Democratización editada por el Instituto de Estudios Políticos FORMA.
El profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) señala que la labor del despacho de Bachelet, así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aportes valiosos que apuntalan los esfuerzos internos por alcanzar la plena vigencia de la Constitución.
Además de reconocer la importancia del apoyo recibido desde el exterior, Berríos Ortigoza subraya el empeño “de las organizaciones de la sociedad civil, cuya perseverancia y firmeza ha logrado que se haya fijado la atención de estos organismos internacionales en Venezuela”.
Frente a la nueva embestida contra las ONG de parte del régimen de Nicolás Maduro, que recientemente ordenó la detención de los activistas de Fundaredes, el investigador de LUZ enfatiza que los venezolanos deben salvaguardar a estas agrupaciones de la sociedad civil porque su existencia “es una garantía para que el país pueda tener un mejor porvenir”.
Gran desafío
“La investigación de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, así como la sanción a sus responsables, y la reparación a las víctimas, es el principal reto de esta época, y marcará la suerte del próximo siglo venezolano”, afirma Berríos Ortigoza.
El portavoz de Codhez indica que “el resultado de estos años de persistentes violaciones a los derechos humanos ha sido una emergencia humanitaria compleja, en medio de un contexto de persecución política que no cesa”.
Berríos Ortigoza observa que desde 1999 la estrategia del Estado chavista ha buscado la “reducción del espacio cívico y la imposición de obstáculos a la participación ciudadana para el cambio político”.
En ese sentido, el experto opina que las acciones ejecutadas desde el poder “corresponden a una política de control social y de persecución que tuvo como primer objetivo obstaculizar y, luego, impedir, la participación de activistas y partidos políticos de oposición, a través de diversas estrategias que han involucrado al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República”.