Un juez mexicano decidió este domingo abrir juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio del gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.
“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
El titular del INM aseguró también que seguirá al frente de su cargo, mientras no se decida lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.
“Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, precisó.
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Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de migrantes a otros funcionarios.
Asimismo, explicó que el nivel probatorio “es bajo” y aseguró que presentarán un amparo “no para que no se continúe el proceso sino para que se revise la actuación del juez en esta vinculación”.
El representante legal dijo que no les fue posible presentar algunas pruebas como videos y testigos, por lo que en los próximos 15 días se presentará el amparo.
Garduño enfrenta así la acusación de La Fiscalía General de la República quien presentó cargos contra el funcionario federal por el ejercicio ilícito del servicio público, pues según la FGR, no garantizó la seguridad de los migrantes que estaban en la estación migratoria.
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El juez consideró que Garduño fue omiso en sus funciones ya que tenía que desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos.
El martes pasado, el juez imputó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
En la audiencia, que duró poco más de 10 horas, el juez no dictó prisión preventiva al funcionario, sin embargo, tendrá que acudir a firmar cada 15 días.
La audiencia inicial estaba programada para el 21 de abril, sin embargo, esta se pospuso debido a que su defensa argumentó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación.