El recrudecimiento de los casos de contagio por Covid-19 en el país sudamericano ha motivado que nuevamente la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet solicité al régimen de Nicolás Maduro la inmediata liberación de los más de 300 presos políticos que registra el país
Venezuela no cuenta con condiciones sanitarias adecuadas en sus lugares de reclusión lo que pone en riesgo la vida de cientos de venezolanos detenidos por razones políticas.
Rupert Colville, portavoz de Bachelet en Naciones Unidas, dijo: “Se insta a los Estados a liberar a todas las personas detenidas sin una base jurídica suficiente, incluido los presos políticos y los detenidos por opiniones críticas y disidentes”.
Ya éste llamado ha sido reiterativo y Bachelet apunta a razones «humanitarias» para que se concrete la solicitud hecha por el organismo.
En el informe sobre los derechos humanos publicado en julio de 2019, Bachelet informó que el régimen había detenido “por lo menos 15.045 personas por motivos políticos entre enero 2014 y mayo 2019”.
Cuando Bachelet visitó Venezuela en junio de 2019, comprobó que las prisiones, “especialmente los centros de detención preventiva, están a menudo superpoblados y son insalubres”.
Bachelet también señaló que “las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación” y que “el acceso a la asistencia sanitaria básica es restringida e incluso denegada”.