Mediante la figura legal denominada amicus curiae (amigo de la corte), Amnistía Internacional brindó apoyo a la pesquisa penal iniciada por la Justicia Federal de Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal por atrocidades contra los derechos humanos perpetradas en Venezuela.
En la presentación realizada el 26 de febrero de 2024 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, Amnistía Internacional afirmó que la jurisdicción argentina está completamente capacitada para indagar, enjuiciar y castigar judicialmente a los responsables de atrocidades contra los derechos humanos ocurridas en Venezuela.
La entidad proporcionó fundamentos legales sobre la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, los cuales explican por qué las violaciones a los derechos humanos continúan sin castigo en dicho país.
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“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela. El escrito de la organización es una contribución dirigida a promover el avance decidido e independiente en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, explicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Asimismo, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos.”
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La querella interpuesta ante la justicia argentina en junio de 2023 por las víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la ausencia de un sistema judicial independiente en Venezuela. Previamente, en enero de 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) también presentó una denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro por atrocidades contra los derechos humanos cometidas en Venezuela. Ambas acusaciones fueron consolidadas en una única investigación a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli.
En días recientes, FADER presentó una ampliación de su denuncia ante la oficina del fiscal Stornelli, solicitando que se investigue el caso de la detención ilegal y desaparición forzada de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, reseñó Monitoreamos en su sitio web.
En su documento, Amnistía Internacional reafirma cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”
Investigaciones llevadas a cabo por la ONU, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y Amnistía Internacional han señalado la existencia de pruebas suficientes para sostener de manera razonable que se han perpetrado crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La pesquisa penal realizada por la Fiscalía de la CPI complementa la que está llevando a cabo la justicia argentina. En relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, se sostiene que Argentina cuenta con competencia conforme al principio de jurisdicción universal y puede proceder con la investigación, enjuiciamiento y sanción penal de los responsables.
La investigación emprendida por la justicia argentina se produce en un contexto de incremento de la represión por parte de las autoridades venezolanas en el país, lo que incluye la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.