Mucho antes del reciente escándalo de los intermediarios utilizados por el régimen de Nicolás Maduro para colocar el petróleo venezolano en mercados extranjeros, que han quedado debiendo a Pdvsa cifras superiores a los 13.000 millones de dólares, otra deuda -también colosal y manejada “entre amigos”- estableció no sólo un antecedente muy claro sobre la inoperancia de la autodenominada Revolución Bolivariana a la hora de cobrar a sus deudores. Sino, peor aún: que la morosidad le podía resultar aceptable a las autoridades de Caracas, siempre y cuando el deudor se mantuviera como un aliado político.
Ese antecedente tuvo como beneficiario al régimen de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y considerado como el último dictador de Europa. Solo se conocen ahora los detalles del impago por documentos filtrados y obtenidos recientemente por una coalición periodística conformada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), el Centro de Investigación de Bielorrusia (BIC, por sus siglas en inglés) y Armando.info.
De acuerdo a la documentación, Bielorrusia quedó debiendo, deliberadamente, un pago restante que supera los 1.400 millones por cargamentos de crudo venezolano recibidos en medio de una amenazante crisis político-energética con su vecino oriental, Rusia, que le había cerrado las fuentes de suministro.
Fueron un total de 9,2 millones de toneladas (equivalentes a 65,8 millones de barriles) las vendidas por Pdvsa a Minsk mediante una fórmula de 80% de pago al contado, y 20% diferido. Este último fue el tramo que Bielorrusia nunca pagó.
Regálame eso
La operación se inició en 2010. En una de sus periódicas riñas, los gobiernos de Minsk y Moscú -aliados a veces mal avenidos, que a menudo planean federarse en una sola nación para enseguida enemistarse- estaban distanciados. La Rusia de Putin se negaba a seguir vendiendo crudo a la Bielorrusia de Lukashenko a precios subvencionados. Eran otros tiempos para los hoy socios en la guerra de Ucrania.
Ante ese virtual cerco, Lukashenko acudió al presidente Hugo Chávez. Que encontrara la solución en Venezuela, a miles de kilómetros, podía lucir extravagante y escasamente factible. Pero aún así tenía visos de realidad: de hecho, desde 2007, ambas partes ya habían firmado y puesto en práctica diversos acuerdos de cooperación, que si a la larga resultaron estériles, en lo inmediato habían convertido a Minsk en un proveedor de Caracas en materia de tecnología, camiones, tractores, y construcción.
En uno de los documentos revisados por la alianza periodística, suscrito originalmente por siete gerentes de Pdvsa y otros tantos de la bielorrusa JSC Belarusian Oil Company, se deja asentado que la estatal venezolana se comprometía a surtir de crudo tipo “Santa Bárbara o cualquier otro crudo de mutuo acuerdo” a su par bielorrusa entre 2010 y 2012. Los despachos serían pagados de la siguiente forma: 80% de cada cargamento a un máximo de 35 días después de recibido y “el 20% restante se abonará en la cuenta del vendedor y el uso de esta cantidad se definirá entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia en un acuerdo diferente”.
Pero otro documento posterior, esta vez interno del régimen de Lukashenko, obtenido por BIC y fechado en mayo de 2015, admitía que de aquella fórmula 80-20, a Pdvsa nunca le llegó el pago correspondiente al tramo final. El documento bielorruso lo expresaba en contante y sonante: Pdvsa había dejado de recibir un poco más de 1.440 millones de dólares. Eso representaba 20% de la factura total de 7.057 millones de dólares, el precio de las 9,2 millones de toneladas de crudo que Venezuela había suministrado.
Sin embargo, en el mismo documento, el gobierno bielorruso declara su posición sin ruborizarse: considera esa deuda como una “asistencia” del gobierno venezolano y, por lo tanto, no la pagará.
Minsk acepta en el documento “declarar su voluntad, de conformidad con las obligaciones contractuales entre JSC y Pdvsa, de establecer un grupo de trabajo intergubernamental para liquidar la deuda existente (…). Como posible alternativa, en respuesta a la asistencia venezolana en 2010, considerar la posibilidad de proporcionar asistencia a la parte venezolana (por ejemplo, mediante la organización de suministros periódicos de bienes de consumo no vendidos como productos químicos de uso doméstico, medicamentos, etc.), sin vincular el importe de la asistencia al importe de la deuda”.
La conformación de ese “grupo de trabajo”, todavía según el mismo documento, había sido propuesta por el entonces ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, en 2014. Ramírez fue contactado para este reportaje y, aunque en principio accedió a conversar, hasta la fecha de cierre del texto no había ofrecido su versión al respecto.
Los periodistas no encontraron pruebas de que se hubiera redactado algún otro acuerdo para el pago del 20% restante. Anatol Kotov, que trabajaba en la oficina del presidente Aleksandr Lukashenko en aquel momento, declaró que nunca se puso nada por escrito sobre el cierre del saldo. “Al final no se registró sobre el papel. De hecho, fue un acuerdo verbal entre Lukashenko y Chávez. Y en general, digamos, para Minsk oficialmente el problema de la deuda con Venezuela no existe en absoluto. Porque pagó 80% del precio y todo lo demás se consideraba un regalo. Tras la muerte del comandante [Chávez], en general, la postura oficial fue que se trataba de un regalo del hermano pueblo venezolano al pueblo bielorruso”, dijo a BIC.
Pdvsa no registró la deuda de Bielorrusia en un documento público y oficial más allá de una mención de su existencia en el informe anual de 2011 de la petrolera, sin mayores precisiones. La cifra superior a los 1.400 millones de dólares, según los cálculos de Minsk reflejados en los documentos, nunca se hizo pública.
Por su parte, Mikhail Kostechko, director general de la JSC Belarusian Oil Company, la petrolera estatal bielorrusa implicada en el acuerdo, afirmó que no existía tal deuda. «No sé en absoluto de qué tipo de deudas están hablando», dijo. Comunicaciones enviadas a Pdvsa y a la embajada de Bielorrusia en Caracas solicitando información o comentario al respecto no fueron respondidas.
La existencia de una deuda de esta magnitud poco sorprende a estudiosos de la relación entre Venezuela y Bielorrusia, sobre todo por el carácter informal y populista de sus líderes. El analista bielorruso, Pavil Slukin, lo explica de esta forma: “No sabemos en realidad cuánto pagó Lukashenko en petróleo y cuánto pagó Venezuela por esos servicios. Sólo la gente de adentro [lo puede saber]. Puedo imaginar que fue bueno para ambos. La razón es el poder sin control. Lukashenko no está controlado por la gente, no comparte información. Lo mismo ocurría con Chávez. (…) Lukashenko estaba contento de recibir petróleo barato y Chávez estaba contento de recibir tecnologías que, aunque no eran las mejores del mundo, eran bastante buenas para Venezuela. Todos estaban contentos, pero desde mi punto de vista era más interesante para Lukashenko, porque las empresas bielorrusas no tenían que invertir y todo se hacía con dinero venezolano. Eran servicios muy bien pagados”.
Mucho precio, pocas casas
En esa relación desigual, donde Bielorrusia podía ufanarse de estar ganando más, la construcción de viviendas de interés social en Venezuela fue un desaguisado emblemático.
Un documento interno del gobierno venezolano muestra que entre 2008 y 2010 ambos países pactaron en diez acuerdos la construcción de al menos 27.000 viviendas. En ese total, los proyectos más renombrados eran los de la promesa de construcción de 6.968 unidades en los sectores de Guasimal y la Base Libertador, en el estado Aragua -80 kilómetros al oeste de Caracas-, y el de otras 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna, en Caracas. Por Venezuela firmó el Ministerio de Vivienda y Hábitat y, por Bielorrusia, la empresa Belzarubezhstroy.
En 2014, Loymar Díaz se mudó a un apartamento de tres habitaciones junto a su primer hijo, que apenas tenía un año, y su madre, en el complejo construido en Guasimal. La vivienda le fue adjudicada dos meses después de haber hecho la solicitud formal ante el programa gubernamental Misión Vivienda, y aunque no deja de mostrar gratitud, hace un comentario llamativo: “No puedo quejarme. No tenía vivienda y ahora sí. El problema son los acabados. Pareciera que el dinero se acabó a mitad de construcción”.
Pero para esa construcción en particular había suficiente dinero, al menos asignado. Los documentos oficiales muestran que para las viviendas en Aragua el gobierno venezolano pagaría 695 millones de bolívares en 2008, que al cambio oficial de entonces representaba 323,3 millones de dólares, lo que equivalía a un costo prorrateado para cada vivienda de 46.403 dólares.
Casi nueve años después de mudarse, Díaz muestra las paredes de su apartamento, manchadas por el agua que se filtra por las paredes al quedar depositada en las juntas de la fachada. Las fisuras en las tuberías forman burbujas en el friso. “Los primeros edificios que entregaron están en mejores condiciones que estos. El problema son los acabados y quizá los materiales que se usaron para finalizar el proyecto”, aventura Díaz una hipótesis con sus pocos conocimientos de construcción y plomería. El proyecto de Guasimal consistió en la fabricación y entrega de 2.520 viviendas proyectadas, 720 en un primer lote y las 1.800 restantes en un segundo lote, en el que estuvo la que finalmente sería la residencia de Díaz.
No llegó Chávez a ver la totalidad de las construcciones bielorrusas en Fuerte Tiuna, como tampoco lo ha hecho Nicolás Maduro, aunque en junio del año pasado hizo un acto simbólico de entrega de viviendas en el que banderas venezolanas y bielorrusas colgaban del edificio mientras una banda tocaba música folclórica tradicional. Tras chocar los puños con una cantante de 12 años, Maduro entregó las llaves a un grupo de niños, que condujeron a sus familias a las nuevas viviendas.
Vía Armando.Info
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