La estatal petrolera venezolana Pdvsa concedió hace no mucho la administración de la estación de gasolina que se halla entre las localidades de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, justo sobre la frontera entre Venezuela y Brasil, a un individuo con el nombre de Marco Antonio Flores Moreno. El nombre y los datos de identidad del concesionario coinciden con los de un ciudadano venezolano solicitado no solo en Brasil por tráfico de oro, sino también en su momento imputado en la propia Venezuela por otro caso de contrabando de oro, develado en una de las varias redadas que los organismos policiales han presentado como parte de la Operación Manos de Metal.
Se trata de uno de los mayores fornecedores –o “proveedores”, en portugués– de oro de la frontera, según apunta el expediente judicial de la llamada Operación Hespérides que las autoridades brasileñas han adelantado. Ese individuo maneja ahora el combustible que el gobierno de Venezuela lleva a esa zona remota del sur del estado Bolívar.
Después de mucho tiempo cerrada, Pdvsa reabrió la estación de gasolina de la frontera con Brasil en agosto de 2022. En la región el evento se vivió como una señal de reactivación económica, de que lo peor de la crisis ya había pasado.
Aunque en la gasolinera no se expiden ni facturas ni recibos de pago a nombre de una persona jurídica, los lugareños de ese paso fronterizo no tienen dudas de que el expendio de combustible está en manos de Marco Flores.
Marco Antonio Flores Moreno era un maestro de Educación Física cuya prosperidad floreció en los últimos años a contracorriente de la debacle de la economía nacional. En Santa Elena coinciden en que la compraventa de oro lo convirtió en prominente empresario, nuevo vecino de una urbanización cerrada en el sector Laguna de Cielo Azul, y en propietario de un par de locales comerciales que quedaron a medio hacer en el centro, en una zona estratégica de la carretera troncal 10 que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar.
Apenas dos años antes de estrenarse como distribuidor de gasolina, Flores Moreno había sido arrestado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La detención ocurrió el 22 de agosto de 2020 en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz, el ala occidental de Ciudad Guayana, capital de la industria pesada, mucho más al norte, sobre la intersección de los ríos Caroní y Orinoco.
Flores Moreno quedó detenido junto a otros dos venezolanos. Entonces, la noticia no pasó de unos breves en las páginas locales de prensa del estado Bolívar. Pero en otras páginas, algunas de las más de 30.000 del expediente judicial número 0000491-85.2019.4.01.4200 que reposan en el 4° Juzgado Penal Federal de Brasil, con sede en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, a Flores Moreno lo retratan con detalle como uno de los cabecillas del primer caso en el que, hasta ahora, hayan quedado documentadas y judicializadas las redes de oro que trafican desde las cada vez más grandes y abundantes minas furtivas que emergen en la selva de Guayana, al sur del río Orinoco.
Como una muestra de las necesidades materiales que enfrentaba la Venezuela chavista, entonces y todavía, ese tráfico de mineral áureo se saldaba desde el lado brasileño mediante el pago con alimentos y productos de la cesta básica.
La fotosíntesis del oro
Se trata de una lavadora singular, según los detalles que el expediente brasileño saca a la luz. Oro de sangre extraído ilegalmente en el Arco Minero del Orinoco, a cambio de camiones de comida. “Los hechos se relacionan con la supuesta exportación de productos, incluidos alimentos, a Venezuela por parte de empresas brasileñas que reciben oro como pago, sin ningún control aduanero y fiscal”, resumió el juez Olindo Menezes, del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, en una de las tantas sentencias de apelaciones en las que ha derivado el caso. “Las investigaciones apuntan a distribuidores de alimentos con sede en Boa Vista y Manaos, que exportan insumos básicos a Venezuela y reciben metales preciosos como forma de pago”, añadió la Policía Federal de Roraima en un informe sobre el caso.
Un esquema que involucra a 35 imputados y otros 50 actores investigados en una enrevesada cadena que entre 2017 y 2019 blanqueó al menos 1,2 toneladas de oro, que salieron de las minas ilegales del estado Bolívar y que –vía Brasil– terminaron en el mercado globa.
Todo empezó con un racimo de facturas de joyas usadas. La empresa MC Produtos da Extração Mineral, de Pacaraima, de repente registró un aumento inusitado de chatarra de oro, mineral de baja pureza a menudo obtenido de sobrantes de prendas. Justificaba el auge con recibos de ciudadanos venezolanos, que, de paso, vendían y empeñaban prendas de segunda mano por no más de 10.000 reales, equivalentes a 2.000 dólares. La versión de los implicados refería que un tropel de venezolanos cruzaba a diario para empeñar sus joyas al otro lado de la frontera, pero las identidades de los supuestos clientes y el peso y el tamaño de sus supuestas prendas nunca terminaron de cuadrar. “Sorprendería que 148 venezolanos pudieran haber buscado a (la empresa) MC en la ciudad de Boa Vista, en un solo día, para realizar negociaciones que ascendieron a 10 kilos de oro”, resume el oficial Walacson Gomes de Oliveira, de la Policía Federal de ese país, en el informe 0098/2019.
El oro fundido de MC destacaba por su 98% de pureza, mucho más que el 75% de lo que suele tener una joya procesada; ni qué decir en comparación con la declarada chatarra de oro. Aún así, las sospechas en realidad lucieron fundadas sólo cuando se corroboró que esa actividad inusual de compraventa de oro la hacía el propietario del negocio, el brasileño Marcelo Camacho, en una empresa que originalmente había registrado como una embotelladora de agua, bajo la razón jurídica de MC Agua Mineral Ltda.
Su hija, Marcela Camacho, tampoco supo justificar uno de los tantos envíos de oro que venía haciendo desde Boa Vista hasta São Paulo, la capital industrial y empresarial de Brasil, en el sureste del país. A partir de allí empezó un proceso legal, aún inconcluso, que investiga una red de venezolanos, con Marco Flores a la cabeza, que entregaba el oro a Marcelo Camacho y otros empresarios brasileños.