La Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, inició con un minuto de silencio solicitado por el presidente (E) y del Parlamento, Juan Guaidó en honor a las víctimas del naufragio de Güiria, en el estado Sucre, y además aprobaron por unanimidad un Acuerdo que instruye enviar una carta de protesta al Gobierno de Trinidad y Tobago, “por su actitud de complicidad ante la muerte de estos refugiados y migrantes venezolanos e instar a la Comisión Permanente de Política Exterior a iniciar una investigación sobre ese suceso acaecido para determinar las responsabilidades.
El documento ratifica los tres días de luto y expresa un sentido pésame y solidaridad a los familiares de la victimas que perdieron la vida en búsqueda de protección internacional por razones humanitarias urgentes, al intentar cruzar al mar hacia Trinidad y Tobago, donde las autoridades de ese país, persisten en seguir actuando al margen del principio de No Devolución y de los compromisos internacionales para migrantes y refugiados.
Al respecto, aprobaron un Acuerdo que exhortan a las instancias internacionales y los gobiernos del mundo ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad y Tobago, deje de seguir violándole los derechos humanos a los migrantes y refugiados venezolanos, así mismo reiteraron, que la única manera que se detenga la migración forzosa es que Maduro y su estructura criminal abandonen el poder.
Proliferación de actividades delictivas
En vista de este hecho que enluta a la nación, David Smolansky, Comisionado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, invitado por el órgano unicameral, pidió abrir una investigación exhaustiva de lo que ocurre en el estado Sucre y Delta Amacuro concerniente a las mafias de tratas y tráfico de personas, contrabando, narcotráfico que involucra a cuerpos de seguridad del régimen y bandas delincuencias afectas a la dictadura.
Lamentó la recurrente actitud inhumana, indolente y cruel que tiene Trinidad y Tobago contra los migrantes y refugiados venezolanos y subrayó que este es el tercer episodio que ocurre en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad Tobago, cuyas naciones son firmantes de la Convención de los Derechos Humanos, así como también, la Convención de los Refugiados de 1951.
“Perversamente estas bandas delincuencias se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas para traficarlas específicamente, mujeres menores de edad, por no tener comida y medicinas. Esto no puede seguir pasando y siendo ignorado por la comunidad internacional; por tal razón, se deben ejercer acciones concretas para que haya justicia y que Trinidad y Tobago cambie esa política migratoria que privilegia a la dictadura, en vez de proteger a una población vulnerable”, aseveró
40 mil venezolanos
Smolansky recordó que en Trinidad y Tobago hay 40.000 venezolanos, de los cuales solamente se han podido registrar 16.000 para obtener su documentación legal y denunció que se han incrementado episodios de xenofobia, violencia doméstica y deportación que muchas veces terminan en muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Llevarán el caso a ONU, OEA y Acnur
Le siguió en la discusión, el diputado Robert Alcalá, quien instó a la ONU, Acnur, OEA y los países del mundo a ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad para que cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria.
El parlamentario catalogó de “crimen” que el gobierno trinitario haya lanzado al mar a estos conciudadanos indefensos y desprotegidos.
Recordó que hay cientos de venezolanos presos en jaulas sin haber cometido ningún delito, que desesperados por huir del hambre de la dictadura se trasladan a esa isla caribeña por mejores condiciones de vida.
300 dólares
Alcalá cuestionó las declaraciones de funcionarios de la dictadura e increpó diciéndoles que “no tienen más nada que investigar, sino detener la corrupción” en Sucre Delta Amacuro y Falcón que involucra a militares, policiales y civiles que permiten zarpes ilegales que tienen un costo de 300 dólares por persona hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe.
Paralelamente, el legislador Juan Pablo García fustigó al tirano Nicolás Maduro y dijo que mientras que “el bailaba y se burlaba desde Miraflores”, el gobierno de Trinidad y Tobago de nuevo deportaba a venezolanos, sin impórtales su vida e integridad; en consecuencia, acotó que esas actuaciones originan desapariciones y muertes, como las recién ocurridas donde murieron ahogados 19 connacionales en las costas de Güiria.
AN vigilante
La diputada Milagros Paz, señaló que en las costas de Paria operan mafias de narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, crimen organizado y aunado a la perdida de calidad de vida por culpa de la crisis, ha provocado una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, originando que algunos de sus habitantes prefieran migrar a otros países cercanos como Trinidad y Tobago.
Hizo un llamado a la Asamblea Nacional a ser vigilante ante la crisis social y moral que existe en Venezuela y al mismo tiempo, la parlamentaria sucrense se suma a la petición del pleno de la Cámara legislativa de exhortar a la comunidad internacional “a intervenir y acabar con este flagelo que conduce a la violación de la vida”, dijo.
Complicidad criminal
La diputada Manuel Bolívar, fustigó la “complicidad criminal” que tienen las autoridades del Gobierno de Trinidad y Tobago con el régimen ha quebrantado los derechos humanos de los venezolanos que huyen forzadamente del país debido a la grave emergencia humanitaria.
Aseveró que la omisión del Gobierno de Trinidad y Tobago no es producto de desconocimiento, sino de complicidad. Por ende, “debe tener consecuencias y abrirse investigaciones” en los distintos espacios de protección y defensa de los derechos humanos y migratorios sobre lo que ocurre en esa frontera marítima, incluyendo los delitos de tratas y tráfico de personas; permitir el acceso de las ONG´s para saber la integridad de los venezolanos presos en la isla caribeña.
Condolencias
Por último, el parlamentario Manuel Texeira, en nombre del fuero legislativo nacional, expresó las sensibles condolencias a los familiares de las víctimas, que sufren la pérdida irreparable de sus seres amados que ante las adversidades y asumiendo los riesgos que significan la ruta de altamar, decidieron huir de la crisis para buscar nuevas oportunidades que les han sido negadas por el Estado, tal como lo estipula el artículo 3 de la Constitución.