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Aseguran que Venezuela podría perder la propiedad sobre Citgo

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Foto: CITGO - AFP

Venezuela está al borde de perder el control sobre Citgo, una empresa estadounidense dedicada a la refinación de petróleo y la comercialización de gasolina, cuyo valor se estima en 13.000 millones de dólares.

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En 1990, el Estado venezolano adquirió la empresa, convirtiéndola en uno de sus activos más importantes durante mucho tiempo. Agentes económicos, actores políticos y analistas financieros coinciden en que la pérdida de Citgo sería un golpe catastrófico para los venezolanos.

La semana pasada concluyó el plazo para recibir ofertas en la segunda ronda de licitaciones abiertas por un tribunal federal estadounidense que lleva el caso. El juez Leonard Stark, del distrito federal de Delaware, permitió la recepción de ofertas y rechazó los últimos argumentos del gobierno venezolano. En total, 18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, reclaman 21.300 millones de dólares a Venezuela por expropiaciones e impagos durante el chavismo, reseñó El País en su sitio web. 

Pedro Tellechea, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha pedido al tribunal estadounidense que detenga la subasta, argumentando que es consecuencia de un largo proceso legal causado por la crisis en Venezuela. “La subasta debe detenerse, eso es un bien de la nación. Como venezolano, me siento ofendido de que nuestros bienes se vendan sin nuestra autorización”, declaró Tellechea. Añadió que Venezuela no ha podido defenderse porque no se le reconoce como un país soberano, calificando la situación de «robo».

En Caracas, la prensa oficialista denuncia frecuentemente «el despojo imperialista» de uno de los activos más valiosos del país y culpa a Estados Unidos y a la oposición venezolana de la situación. Según esta narrativa, la pérdida de Citgo es responsabilidad del extinto «Gobierno interino» de Juan Guaidó (2019-2021), que, con apoyo de Estados Unidos, creó una administración paralela que tomó control de los activos nacionales en el exterior, incluyendo Citgo.

El tribunal determinó que la administración de Guaidó usó recursos de la compañía para financiar actividades políticas, lo que ha generado rumores sobre malos manejos en su gestión. Esta decisión fue crucial en el proceso. “La corte de Delaware concluyó que Guaidó incurrió en ‘control extensivo’, violando la doctrina del alter-ego, lo que advertí genera riesgos legales para la nación”, explicó Francisco Rodríguez, economista y profesor que ha estudiado el caso.

Durante el conflicto entre la oposición y Maduro, las propiedades venezolanas en Estados Unidos fueron gestionadas por funcionarios de Guaidó y protegidas por resoluciones del Departamento del Tesoro. Horacio Medina, presidente de PDVSA-ad hoc, negó las conclusiones de Stark y defendió la gestión de Citgo bajo su administración, destacando que la empresa ha generado 5 mil millones de dólares en utilidades en 10 trimestres consecutivos.

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PDVSA-ad hoc respondió a la decisión de la corte de Delaware, afirmando que contiene errores evidentes y recordando que los activos de PDVSA en Estados Unidos están bloqueados y la junta directiva no tiene acceso a ellos. Francisco Rodríguez concluyó que, aunque las malas estrategias no son intencionadas, causan responsabilidad y tienen impacto público.

“Eso es absolutamente falso. El juez se ha dejado llevar por versiones de prensa”. Medina revindica una gestión en Citgo: “superavitaria, honesta, que fue recibida con hipotecas y tiene 10 trimestres dando beneficios positivos. Ha producido 5 mil millones de dólares en utilidades”.

“La decisión de la Corte de Delaware contiene determinaciones sobre hechos que son a todas luces erradas”, afirma un comunicado de PDVSA-had-oc en respuesta. “Los activos de PDVSA en Estados Unidos están bloqueados y la junta directiva no tiene acceso a ellos”. Aunque no se habla expresamente de dolo, sí se concluye que la estrategia opositora, con esta falta administrativa de importancia, no logró sus objetivos. Nada pudo detener la percepción de Stark. “Las malas estrategias no son intencionadas, pero causan responsabilidad y tienen impacto público” señala Rodríguez.