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AstraZeneca niega cualquier violación de contrato con la UE por vacunas anticovid

El laboratorio AstraZeneca negó este miércoles cualquier violación de contrato por vacunas anticovid con la Unión Europea (UE), que pidió en la justicia pesadas multas por los retrasos en las entregas.

Durante una audiencia ante un tribunal en Bruselas, la UE acusó a AstraZeneca de «violación flagrante» de contrato, cargo que el laboratorio negó de plano.

«No ha habido ninguna violación manifiesta del contrato. Es chocante ser acusado de fraude», dijo ante un panel del Tribunal el abogado de AstraZeneca, Hakim Boularbah.

En la apertura de los trabajos, el abogado de la UE, Rafael Jeffareli, había acusado al laboratorio de violar el contrato firmado entre las partes al «desviar 50 millones de dosis» hacia países fuera de la Unión Europea.

En ese cuadro, la UE solicitó se aplique a AstraZeneca una multa de por lo menos 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares), más una penalidad adicional de «10 euros por dosis por día de retraso» si no se respeta el calendario de entregas.

Los abogados de ambas partes se vieron frente a frente al inicio de la jornada de este miércoles ante un juez de medidas provisionales en el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas. De ser necesario, se celebrará otra audiencia el viernes, según el tribunal.

AstraZeneca entregó en el primer trimestre sólo 30 millones de dosis de los 120 millones que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre sólo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos.

El 26 de abril, la Comisión Europea, que negoció los pedidos en nombre de los Estados miembros, anunció que había recurrido a la justicia para arbitrar el conflicto con el laboratorio anglo-sueco, que suministra una de las cuatro vacunas anticovid actualmente autorizadas en la UE.

Los 27 países miembros reclaman recibir las dosis prometidas para el primer trimestre de 2021. Según la Comisión, el contrato expira a mediados de junio. La UE considera que el laboratorio tendrá que pagar multas si no cumple este calendario.

En la opinión de Boularbah, «la urgencia ya no es la vacunación de Europa, sino la vacunación de la población mundial».

La agria controversia entre el laboratorio y la UE se apoya en la interpretación de aspectos centrales del contrato, como el origen de las vacunas para los países europeos, y la noción del «mejor esfuerzo razonable» para cumplir las metas de entrega.

 

– Procedimiento «sin fundamento» –

 

Los europeos reprochan al laboratorio farmacéutico -asociado a la Universidad de Oxford en la elaboración de la vacuna- no haber utilizado para las entregas a la UE sus dos plantas británicas, mencionadas en el contrato.

AstraZeneca trabaja con otras dos plantas en territorio de la UE, situadas en Holanda y Bélgica, pero Bruselas considera que las dosis producidas en territorio británico también debían ser incluidas en las entregas debidas a los países europeos.

Para la UE, el laboratorio privilegió el abastecimiento de dosis al Reino Unido en detrimento de sus obligaciones en el bloque y argumenta, además, que comprometió recursos europeos para el desarrollo de la vacuna y la ampliación de las capacidades industriales del laboratorio.

Un funcionario de la Comisión Europea cercano al caso dijo a la AFP que AstraZeneca entrega actualmente un promedio de 10 millones de dosis por mes, muy por debajo del ritmo previsto.

El grupo niega haber incumplido sus obligaciones y ha denunciado un procedimiento «sin fundamento».

«No hay obligación de utilizar sitios [de producción]: quizás sea lo que la Comisión desea, pero no está previsto en el contrato», había argumentado Boularbah en una audiencia de procedimiento el 28 de abril.

La audiencia judicial de este miércoles ocurre en momentos en que la vacuna de AstraZeneca enfrenta una clara desconfianza entre ciudadanos europeos por los muy raros casos de trombosis que puede provocar.

Dinamarca, Noruega y Austria han renunciado a utilizarla para sus campañas de vacunación. La mayoría de los demás países han limitado su administración a los adultos de más edad.

El juez ordenó que la próxima audiencia del caso se celebre el 4 de junio.