El Ejército de Birmania ha justificado el golpe de Estado que sus tropas perpetraron en la nación asiática, durante la jornada de este lunes. “Este camino era inevitable para el país”, expresó mediante un comunicado Min Aung Hlaing, el general que lidera la insurrección.
La reacción llega después de la lluvia de críticas y condenas que han caído desde que militares arrestaran a varios de los líderes electos en los comicios de 2015, entre ellos la dirigente y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
“La Dama”, como se le conoce en Birmania, desempeñaba los cargos de consejera de Estado, ministra de Relaciones Exteriores y ministra de la Oficina de la Presidencia. Ello, sumado al hecho de ser la fundadora de la Liga Nacional por la Democracia (el partido de gobierno), le facultaba para dirigir su nación.
En consecuencia, Suu Kyi era la mano que manejaba los hilos del Ejecutivo birmano, presidido, de forma simbólica, por su coequipero Win Myint. Más que por gusto o por hambre de poder, esa fórmula de trabajo nació a raíz una disposición constitucional que le impidió a la mujer acceder a la primera magistratura por haber estado casada con un extranjero.
Dado que el Ejército controla una cuarta parte de los escaños del Parlamento, así como varios de los ministerios más importantes, sus miembros impidieron la reforma que le hubiese permitido a la lideresa convertirse en presidenta. Pese a ello – y dada la gestión que adelantó tras bastidores – su organización política arrasó en las elecciones del pasado mes de noviembre, con más del 80% de los votos.
Pese al contundente triunfo, la oposición y la propia cúpula militar, esparcieron rumores de fraude que, sin embargo, no pudieron ser comprobados. Este 1 de febrero, cuando el Congreso se disponía a sesionar para certificar la victoria, el Ejército decidió actuar para impedir la validación, declarar un estado de emergencia y retomar el poder absoluto que por décadas ostentaron.
La irregularidad ha sido condenada por Estados Unidos, un país que este martes anunció la reducción de su ayuda económica a Birmania. La Unión Europea (UE), por su parte, pidió respeto a los procesos democráticos y exigió la inmediata liberación de los gobernantes encarcelados.
La acción militar también se convirtió en tema de debate dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una instancia que se reunió con carácter de urgencia para consensuar posturas sobre la que será la respuesta internacional al golpe de Estado.