Es una maravilla que el virus no haya abrumado a Venezuela. Para el 11 de febrero, el país había sufrido oficialmente casi 132.000 infecciones y había perdido 1.260 vidas a causa de la enfermedad, una cifra notablemente modesta para el afligido continente sudamericano, sobre todo dadas las salvajes depredaciones que ya ha sufrido el sistema de salud de Venezuela. Las autoridades venezolanas atribuyen la curva de contagio relativamente suave a los mandatos de enmascaramiento temprano y las medidas de cuarentena.
Los bloqueos y las medidas de distanciamiento social, favoritos perennes de los regímenes autoritarios que buscan sofocar la disidencia colectiva, bien pueden haber ayudado. Sin embargo, los médicos y los profesionales de la salud sobre el terreno informan que la combinación de la ineptitud oficial y la emergencia económica del país pueden haber camuflado y, por lo tanto, subestimado descaradamente la crisis que se avecina.
Comience con la drástica escasez de gasolina que secó las bombas de combustible, obstaculizó la movilidad nacional y, por lo tanto, frenó, o tal vez solo retrasó, la propagación de la enfermedad en la comunidad, que afectó con mayor fuerza a Caracas y el estado Miranda. Sin embargo, los datos de salud pública crónicamente defectuosos o falsificados probablemente llevaron a un recuento grave de las infecciones y muertes. La autoridad sanitaria de Venezuela dejó de publicar estadísticas de salud pública en 2016.
La falta de seguimiento del virus se ha sumado a la ilusión. Con solo dos laboratorios gubernamentales acreditados en Caracas, donde se reportaron la mayoría de los casos, y escasas pruebas en otros lugares, Venezuela voló a ciegas hacia la pandemia. “Haga las matemáticas: ¿cuántas pruebas pueden procesar las dos instituciones gubernamentales?” dijo el especialista venezolano en enfermedades infecciosas Alberto Paniz-Mondolfi, subdirector de microbiología de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.
De hecho, el país ha promediado solo 21,3 pruebas de hisopo (PCR) por cada 100.000 habitantes desde abril, una tasa cinco veces menor que en los países vecinos, según un estudio de diciembre realizado por las investigadoras venezolanas Maria Eugenia Grillet y Margarita Lampo. No es de extrañar que la curva de contagio oficial de Venezuela parezca plana.
Ese idilio no durará. Una vez confinado a unas pocas burbujas, el virus comenzó a propagarse rápidamente a mediados del año pasado, transportando a los aproximadamente 40.000 a 80.000 migrantes que regresaban y que fueron devueltos de los países vecinos entre marzo y finales de mayo, escribieron Grillet y Lampo.
La fatiga de la cuarentena, la relajación de las órdenes de distanciamiento social y las medidas improvisadas de control de daños de Nicolás Maduro (eliminar los controles de precios y permitir que el dólar fluya libremente para reactivar el postrado mercado interno) han acelerado el contagio. Los trabajadores de salud independientes que están rastreando el virus proyectan que pronto podría aumentar.
Quizás ningún país de la región esté menos preparado. La Encuesta Nacional de Hospitales Venezolanos y la Red Venezolana de Defensa para la Epidemiología, no gubernamental, contaban solo 720 camas hospitalarias de cuidados intensivos y 102 ventiladores en todo el país cuando comenzó la pandemia. Los números no son mejores hoy, dice Paniz-Mondolfi.
Como si las espantosas condiciones sanitarias no fueran lo suficientemente problemáticas, la intromisión del gobierno y la política médica son rampantes. Médicos Sin Fronteras levantó las manos en noviembre pasado, cerrando sus operaciones en un hospital de emergencia clave en los barrios marginales de Caracas después de repetidas interferencias del gobierno. Los médicos y trabajadores de salud de primera línea de Venezuela podrían usar todo el respaldo que puedan obtener; unos 30.000 médicos ya habían huido del país antes del inicio de la pandemia. Los que quedan se enfrentan a un sistema de salud en ruinas. Una encuesta a principios del año pasado encontró que el 75% de los médicos trabajaban en instalaciones con un suministro de agua poco confiable, mientras que el 65% trabajaba sin guantes, mascarillas, jabón, gafas protectoras o batas.
La vacunación masiva sería una bendición, pero un Catch-22 partidista ha amenazado con firmar un acuerdo para asegurar hasta 6 millones de dosis importadas destinadas a Venezuela a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud. Bloomberg News informó el 11 de febrero que podría estar cerca de un gran avance, pero hasta ahora Maduro ha afirmado que no puede pagar las vacunas debido a los fondos congelados por el gobierno de EE. UU.
Sin inmutarse, Maduro rechazó a Guaidó y a sus patrocinadores gringos al anunciar un acuerdo con Moscú para importar la vacuna Sputnik V de Rusia. Pero por ahora, lamentablemente, el mejor plan para que la mayoría de los venezolanos se defiendan de los estragos en casa puede ser ir a la casa de al lado, (Colombia).
Con información de Bloomberg.com