El Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio yanomami, la reserva indígena más grande del país y fronteriza con Venezuela, luego de informes de niños que mueren de desnutrición y otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro.
Un decreto publicado el viernes por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el objetivo de la declaración era restablecer los servicios de salud para el pueblo yanomami que habían sido desmantelados por su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro.
En los cuatro años de la presidencia de Bolsonaro, 570 niños yanomami murieron de enfermedades tratables, principalmente desnutrición pero también de malaria, diarrea y malformaciones causadas por el mercurio utilizado por los mineros de oro ilegales, informó la plataforma de noticias local Sumauma.
Lula visitó el sábado un centro de salud yanomami en Boa Vista, en el estado de Roraima, luego de la publicación de fotos que mostraban a niños y ancianos, hombres y mujeres, tan delgados que se les veían las costillas.
“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento”, dijo Lula en Twitter.
El gobierno anunció que se enviarán paquetes de alimentos a la reserva donde viven unos 26.000 yanomamis en una región de selva tropical y sabana tropical del tamaño de Portugal.
La reserva ha sido invadida por mineros de oro ilegales durante décadas, pero las incursiones se multiplicaron desde que Bolsonaro asumió el cargo en 2018 prometiendo permitir la minería en tierras previamente protegidas y ofreciendo legalizar la actividad.
También hay señales de que el crimen organizado se ha involucrado. En recientes incidentes violentos, hombres en lanchas rápidas en los ríos han disparado con armas automáticas a pueblos indígenas cuyas comunidades se oponen a la entrada de mineros de oro.
Algunos mineros de oro han comenzado a irse por temor a las operaciones policiales del gobierno de Lula, y parecen estar cruzando la frontera hacia los vecinos Guyana y Surinam, dijo Estevao Senra, investigador del Instituto Socioambiental, una ONG que defiende los derechos de los indígenas.
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