La Corte Suprema de Brasil recibió una solicitud del Gobierno de Michel Temer para que suspenda una norma dictada por las autoridades del estado de Roraima, que limita los derechos de venezolanos en su territorio.
La intención es dar más acceso, a los ciudadanos que están migrando, a los servicios públicos ofrecidos por los gobiernos locales, tales como salud y educación, y no que estos vayan sólo a lo puntos que están bajo el control de las fuerzas de seguridad.
La Abogacía General de la Unión (AGU), órgano de asesoría legal de la Presidencia, hizo la solicitud ante lo que considera un acto inconstitucional y violatorio de los derechos humanos por parte de las autoridades locales.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, el gobierno pide la inmediata suspensión del decreto referido, así como la declaración de esta medida como un acto atentatorio a la dignidad de la Justicia”, dijo Grace María Fernandes Mendonça, titular de la AGU, en el remitido s al Supremo Tribunal Federal.
El decreto del estado de Roraima, hecho por Suely Campos, restringe el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos si acuden a las instituciones regionales y condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte. Las medidas se basan en que la Gobernación no tiene capacidad para atender la demanda.