El presidente Pedro Castillo reemplazó este sábado la cúpula de la Policía Nacional de Perú (PNP), dos semanas después de que efectivos anticorrupción y fiscales allanaran, con autorización de un juzgado, la sede de gobierno en búsqueda de la investigada cuñada del mandatario.
Los cambios abarcan la Comandancia General, la jefatura del Estado Mayor General y la Inspectoría General de la PNP.
Castillo había calificado de «ilegal» el allanamiento del Palacio de Gobierno del martes 9, cuando equipos policiales y fiscales buscaron durante varias horas a su cuñada, Yenifer Paredes, acusada por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por el propio presidente y su esposa, Lilia Paredes, según la Fiscalía.
Ahora el presidente busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió el operativo, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.
No obstante, Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno, aseguró este sábado que las remociones anunciadas son «un cambio natural porque hubo un cambio de ministro» de Interior.
«No se ha violado lo que dice la norma» sobre los requisitos para los nombramientos y «no se está atropellando al comando policial», dijo Gamarra a la radio RPP.
Sin embargo, el congresista opositor de derecha Jorge Montoya calificó como «abuso de autoridad indiscriminado» por parte del presidente Castillo los cambios en la PNP.
«citaré a los tres altos mandos de la @PoliciaPeru para que den su descargo y explicaciones de esta aparentemente arbitraria decisión de último minuto», escribió Montoya, integrante de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, en un comunicado divulgado en Tw<itter.
Por su parte, el abogado de derechos humanos Carlos Rivera Paz expresó que a su juicio el presidente «parece que quiere una policía que se acomode a sus intereses. Esto es un abuso de poder que puede estar vinculado a la obstaculización de las investigaciones contra Castillo».
– Seis investigaciones –
Esta controversia es la segunda que afronta Castillo por sus nombramientos de los mandos de seguridad.
En enero debió nombrar un nuevo Jefe de Gabinete y equipo ministerial, tras una polémica por ascensos en la Policía y las Fuerzas Armdadas.
Esas promociones son investigadas por el Ministerio Público, que presume que Castillo y el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco incurrieron en tráfico de influencias.
El caso se conoció tras el testimonio de comandantes generales en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea.
Castillo es objeto de seis investigaciones en la fiscalía, algo inédito en Perú, por delitos como organización criminal, obstrucción a la justicia y plagio.
Sin embargo, la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
Este domingo un juzgado debe decidir si ordena una detención preliminar de 3 años de la hija de Castillo por su presunto papel en la trama de corrupción, mientras que en septiembre otro tribunal decidirá sobre el pedido de los fiscales de prohibir durante tres años la salida del país de la esposa de Castillo, Lilia Paredes.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
En sus casi 13 meses en el cargo el mandatario izquierdista ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento, y ha tenido más de 60 ministros.
Actualmente cuenta con una desaprobación cercana a 70%, según encuestas.
AFP.