Más de 60 congresistas demócratas pidieron este martes al gobierno del presidente Joe Biden que deje de someter a los solicitantes de asilo a las «entrevistas de miedo creíble» mientras están bajo custodia tras cruzar la frontera, en una carta a la que tuvo acceso la AFP.
Cuando un migrante quiere solicitar asilo a su llegada a Estados Unidos debe someterse a las llamadas «entrevistas de miedo creíble», en las que se evalúa si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Si concluyen que existe, se lanza un proceso migratorio y deberá comparecer ante un juez. En el caso contrario es expulsado a través de una «deportación acelerada», como advierte el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cuando en mayo levantó una norma sanitaria que permitía bloquear a la mayoría de los migrantes en la frontera, el gobierno de Biden decidió agilizar los trámites de las solicitudes de asilo mientras los migrantes estuvieran bajo custodia de la patrulla fronteriza.
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Prometió entonces que los migrantes tendrían acceso a un abogado pero la realidad parece contradecirlo.
En una carta, los congresistas llaman al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y al fiscal general, Merrick Garland, a «detener de inmediato» la práctica de realizar las evaluaciones bajo custodia.
Pedirles que se sometan a las entrevistas tan sólo un día después de llegar es «inherentemente problemático» porque los traumas son recientes y se realizan en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Estas entrevistas de miedo creíble se llevan a cabo por teléfono con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si los solicitantes de asilo no las pasan, lo que suele suceder, pueden pedir justo después que un juez migratorio revise el caso, pero también por teléfono y en el mismo lugar.
Los congresistas también critican las dificultades «en el acceso a un abogado», que solo se permite a través de las mismas cabinas telefónicas.
Como consecuencia, la inmensa mayoría se queda sin asilo y vuelven «a las condiciones de las que huyeron», afirman, y recuerdan que «el debido proceso es un derecho», al igual que facilitar el acceso a un abogado.
Este mismo martes, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) decidió suspender las consultas legales y dejar de representar a los solicitantes de asilo en las instalaciones de la patrulla fronteriza.
Dice que ha pasado más de dos meses «tratando de superar la obstrucción de la administración Biden que hizo imposible brindar información y representación legal significativa a la mayoría de las personas que buscan asilo bajo las nuevas políticas».
AFP