Bajo ese programa migratorio, respaldado también por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, los venezolanos estarían protegidos de la deportación y se les otorgaría una autorización de trabajo, que permitiría a las personas pagar impuestos y contribuir a sus comunidades.
Durante su mandato, que estaría por culminar el próximo 20 de enero, el presidente Donald Trump se opuso al TPS. Los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz y el republicano Mario Díaz-Balart coinciden en que el programa «está encaminado a salvar de la deportación a unos 200.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos».
Soto, de origen puertorriqueño, aseguró «que el mundo entero ha sido testigo de o poco que le importan los derechos humanos» al dictador, Nicolás Maduro, «realizando arrestos arbitrarios, censura de los medios, la detención de opositores y el uso de fuerzas letales contra manifestantes pacíficos».
La iniciativa bipartidista «designa automáticamente a los venezolanos elegibles para TPS por un período inicial de 18 meses, con la opción de renovación».