Los diputados españoles tienen previsto aprobar este martes en primera lectura un polémico proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes, que podría estar aún lejos de aplicarse por la guerra que le declaró la oposición y los varios frentes judiciales.
Esta amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo esencial a la reelección del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a mediados de noviembre.
La amnistía debería conducir a que los tribunales retiren los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Profundamente divisiva entre la sociedad española, esta medida beneficiaría en primer lugar a Carles Puigdemont, presidente regional catalán en el momento de los hechos, que podría así volver a España, más de seis años después de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
La sesión para votar el texto empezará a las 14H00 GMT y se espera su aprobación gracias al apoyo de 178 de los 350 diputados.
Esa mayoría está formada por los diputados socialistas, de extrema izquierda y de partidos catalanes y vascos.
Pese a superar previsiblemente este primer obstáculo, a la medida le quedarán otros antes de su plena aplicación.
El Partido Popular (PP, conservador), primer partido de la oposición, prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.
El Gobierno «ha cambiado impunidad por poder», y representa «la peor versión de la política», lanzó el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía a la que acudieron 45.000 personas.
Duramente criticada desde hace meses por una parte de la magistratura, esta amnistía afronta varios frentes judiciales que podrían también entorpecer su aplicación.
El lunes, un día antes de la sesión en el Congreso, el tribunal de Barcelona que investiga los presuntos lazos entre Puigdemont y Rusia hizo saber que prolonga seis meses la instrucción para determinar si el dirigente independentista buscó apoyo del Kremlin al proyecto de independencia de Cataluña.
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En un documento judicial, el juez instructor encontró «datos» que confirmarían «las estrechas relaciones personales» entre colaboradores de Puigdemont y ciudadanos rusos que «ocupaban cargos diplomáticos» o tenían relación «con los servicios secretos rusos».
Según el diario El País, esta investigación podría dar lugar a una imputación de Puigdemont por «traición», un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
Hay abierto otro segundo frente judicial por la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.
AFP