Un tribunal federal de apelaciones ha decidido prolongar la suspensión de la ley conocida como SB4, la cual autoriza a las autoridades locales de Texas a detener y deportar a individuos sospechosos de haber ingresado a territorio estadounidense sin la documentación adecuada que confirme su estancia legal.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, llevaron a cabo una votación durante la noche para determinar el curso inmediato de la legislación.
En esta línea, dos jueces apoyaron la reinstauración del bloqueo a la ley, tal como ocurrió la semana pasada, mientras que uno abogaba por su puesta en vigor.
Lee también: Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas
En este momento, el enfoque inmediato es determinar si la eventual implementación de la Ley SB4 constituye una violación de la Constitución de los Estados Unidos.
Según Priscilla Richman, la jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, respaldada por el voto de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, existe una alta probabilidad de que la ley entre en conflicto con la Constitución.
“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, dijo.
Lee también: Greg Abbott: Texas continúa arrestando a inmigrantes ilegales por allanamiento de morada
En cambio, Andrew Oldham, el juez que abogaba por la implementación de la ley, expresó su desacuerdo al no recibir el respaldo de sus colegas en el tribunal.
“El Estado siempre estará indefenso: Texas no puede hacer nada porque aparentemente el Congreso hizo todo, pero la falta de aplicación federal significa que el todo del Congreso es nada. Y en segundo lugar, si bien la disputa que tenemos ante nosotros es totalmente hipotética, las consecuencias de la decisión de hoy serán muy reales”, dijo.
El Tribunal de Apelaciones tiene programada una nueva reunión para el 3 de abril, en la cual escuchará los argumentos sobre si se debe o no confirmar la orden judicial.