Al menos 38 perdieron la vida a consecuencia de las llamas en el las dependencias del Instituto Nacional de Migración (INM), centro ubicado en el puente Internacional Stanton-Lerdo que conecta el estado mexicano de Chihuahua con la ciudad texana de El Paso.
Las dependencias tienen capacidad para unas 60 personas, de acuerdo con Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez. Las autoridades han dicho que al menos 68 personas se encontraban en el interior cuando ocurrió el siniestro. Además, alrededor de una docena de mujeres habían sido trasladadas arrestadas en el centro justo antes de que se declarara el incendio, dijo Navarrete.
Defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes afirmaron que, aunque estaban horrorizados por las muertes, no les sorprendía que una tragedia así ocurriera en un centro de detención de México.
“Hemos estado trabajando duro para limitar [el aforo de] este centro, porque este es exactamente el tipo de cosas que suceden”, manifestó Gretchen Kuhner, directora del grupo Mujeres en Migración. “El Gobierno mexicano intenta llamarlos de otra manera, pero la gente está detenida allí, bajo llave, y no pueden salir. Llevo 25 años aquí en México, y hemos estado trabajando en los casos enfermizos que tenemos», explicó.
«Deberían limitar el número de personas que pueden ser encerradas, y se supone que tienen protocolos», reclamó.
Una de las principales voces para América Latina del grupo Refugees International, Rachel Schmidtke, deploró las dificultades que tienen algunas entidades humanitarias para trabajar en México.
«Es un gran problema en México que no se permita la entrada de organizaciones de la sociedad civil en los centros migratorios, y es muy difícil para las personas que no están autorizadas por el INM entrar en estos centros, lo que significa que son una especie de cajas negras», apuntó Schmidtke.
Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción, que lucha por los derechos de los migrantes y el colectivo LGBTQ, indicó que los activistas que han podido visitar las dependencias de Ciudad Juárez han percibido que hombres y mujeres ocupan áreas de detención separadas, pero donde «todas las puertas tienen candados». Además, no hay personal médico, dijo.
La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucionales el 15 de marzo algunas de las leyes de inmigración del país relativas a la detención, lo que, según Kuhner, supuso una victoria después de que varios grupos llevaran trabajando desde el año 2000 para cerrar los centros de detención del país.
Con información de TELEMUNDO NOTICIAS