El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó una solicitud del comité de supervisión de la Cámara de Representantes para proporcionar detalles adicionales sobre las quince cajas de registros que el ex presidente Donald Trump se llevó a su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el estado de Florida.
El fiscal general adjunto interino, Peter Hyun, escribió en una carta, remitida a la presidenta del comité de supervisión, en la que informa que el Departamento de Justicia ha pedido a los Archivos Nacionales que se abstengan de divulgar información sobre estas cajas con el objetivo de “proteger la integridad del trabajo en curso”, tal y como ha informado la cadena estadounidense CNN.
La pasada semana, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes acusó al Departamento de Justicia de obstruir la entrega de estas cajas, que el ex presidente Trump se llevó indebidamente a su mansión de Mar-a-Lago tras dejar el cargo.
La presidenta de esta comisión, la demócrata Carolyn Maloney, alegó que el Departamento de Justicia estaba “obstruyendo” la investigación que están llevando a cabo contra el antiguo inquilino de la Casa Blanca, al no permitir que Archivos Nacionales compartan información sobre todo ese material que se llevó a su mansión de Florida.
Maloney se refirió en estos términos al supuesto bloqueo al que están haciendo frente en una carta enviada al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y le recordó que la comisión tiene jurisdicción sobre la Ley de Registros Presidenciales y que está tratando de determinar el alcance total de las posibles irregularidades cometidas por Trump.
La Administración Nacional de Archivos y Registros confirmó el pasado mes de febrero que Trump hizo entrega de quince cajas llenas de archivos, algunos de los cuales contenían información confidencial, después de haberlas llevado de manera indebida hasta su lujosa mansión de Mar-a-Lago, pocos días después de que esta comisión iniciara una investigación por estos hechos.
A finales del mes de marzo, un juez estadounidense dictaminó que el ex presidente “muy probablemente” cometió un delito grave al intentar presionar a su vicepresidente para que obstruyera al Congreso y anulara su derrota electoral el 6 de enero de 2021.