Amnistía Internacional (AI) publicó un nuevo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo durante el 2020, en el caso de Venezuela, la organización señaló que continuaron las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a la presa, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia de la COVID-19.
Se reiteró que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro -y altos cargos militares y ministeriales-.
Ejecuciones extrajudiciales
En el documento se revela que estas ejecuciones fueron realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Según documentos recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al menos 2.000 personas murieron en el país, en el contexto de operaciones de seguridad que tuvieron luchar entre el 1 de enero y septiembre de 2020.
Detención arbitraria
De acuerdo a la organización venezolana Foro Penal, hasta octubre se registraron 423 detenciones arbitrarias por motivos políticos, la cual aumentó luego de la declaración del estado de alarma en respuesta de la pandemia COVID-19.
«Se utilizó la pandemia de la COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones; por lo que, las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero», reza el informe.
Tortura y otros malos tratos
Método de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de medidas como: palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual.
«La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),» así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de esta última.
Uso excesivo de la fuerza
Denuncias sobre el uso indiscriminado de la fuerza excesiva durante las operaciones de cumplimiento de la ley.
«En mayo, un enfrentamiento armado entre presuntas bandas delictivas en Petare, un barrio de bajos ingresos de Caracas, provocó una operación conjunta de la policía y el ejército que duró más de una semana. En ese periodo se recibieron varios informes de episodios constantes de disparos indiscriminados y denuncias de ejecuciones extrajudiciales».
Impunidad
La OACNUDH publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial.
Sin embargo, para septiembre apareciendo nuevos indicios relativos a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte, como en junio de 2019 de Rafael Acota Arévalo.
Juicios injustos
Continúa el desarrollo de juicios injustos en Venezuela, todo relacionado a presuntos ataques contra el líder dictador, Nicolás Maduro.
«La mayor parte de los circuitos judiciales suspendieron sus actividades a partir del 15 de marzo debido a las restricciones por la COVID-19, y únicamente seguían funcionando los tribunales competentes en materia de delitos flagrantes.»
Escrutinio electoral
A pesar de los esfuerzos de Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela. Continuó el monitoreo de la situación del país a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) creado por la Comisión Interamericana. La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.
Represión de la disidencia
La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre. Los miembros de la Asamblea Nacional sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias. Continuó sometiéndose a presos de conciencia a restricciones graves y enjuiciamientos. El sistema judicial seguía instrumentalizándose políticamente contra la disidencia, lo que incluía dictar sentencias contra los partidos políticos que criticaban al gobierno.
Libertad de reunión
Las restricciones a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual. Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta noviembre se habían registrado más de 9.000 protestas provocadas por diversas cuestiones como, por ejemplo, la falta de asistencia médica durante la pandemia de COVID-19, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de los fondos de ayuda alimentaria y la carencia de servicios básicos (incluido el combustible). Unas 402 de estas protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a otros 149.
Libertad de expresión
La organización Espacio Público documentó que entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.
“Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos”, reseñó Amnistía Internacional.
Defensores de Derechos Humanos
Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos.
En agosto, la organización humanitaria Acción Solidaria fue asaltada por agentes de las FAES y ocho personas permanecieron detenidas durante varias horas. También hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de COVID-19 que sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio.
Derechos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
El número de personas venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir el año.
Las autoridades restringieron la entrada a Venezuela durante la pandemia de COVID-19 a un máximo de entre 100 y 300 personas al día, limitando así la entrada y salida de nacionales del país. Muchas de las personas que deseaban regresar habían sido excluidas de las medidas de asistencia de los países de acogida durante la pandemia. Se criminalizó y estigmatizó a quienes trataban de entrar en Venezuela por vías irregulares.
La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19. Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas que regresaron a Venezuela habían pasado por los centros estatales conocidos como “PASI” (Punto de Atención Social Integral) para cumplir la cuarentena obligatoria.
Sin embargo, estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio.
Emergencia humanitaria
“La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos se vieron agravadas por el covid-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia”,
La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. El personal médico y de salud no dispone de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra COVID-19.
“Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas al COVID-19”, resaltó el informe de Amnistía Internacional.
En julio, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) informó de que 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza, y 79% en situación de pobreza extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos.
Derechos a la mujer
Según una coalición venezolana de ONG, las brechas de género —ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria— se vieron exacerbadas por la COVID-19. La OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios tanto de salud materna, sexual y reproductiva como de salud en general.
Aunque desde 2013 no había información oficial sobre el índice de feminicidios, las ONG denunciaron un incremento constante de la violencia contra las mujeres en el país. También según las ONG, en 2020 no funcionó ningún albergue para mujeres sobrevivientes de violencia. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó crímenes de lesa humanidad por motivos de género, como la tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas, perpetrados por la DGCIM y el SEBIN y en el contexto de las protestas.
Derecho a la salud
Los servicios de salud continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó.
La respuesta del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados. El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra laCOVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas.
También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19. Se tuvo información de que los servicios públicos de salud no atendían adecuadamente a las mujeres embarazadas sospechosas de tener COVID-19.
Derecho a la alimentación
En mayo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) informó de que la canasta básica familiar mensual —la relación de alimentos básicos que se consideraban necesarios para una familia venezolana promedio— costaba 513,77 dólares estadounidenses.
En agosto, la misma organización denunció que sería preciso tener ingresos 184 veces superiores
al salario mínimo para cubrir la canasta básica mensual.
Una de las 10 peores crisis alimentarias del mundo. Los sistemas de distribución de alimentos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), seguían sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionaban con arreglo a criterios políticos discriminatorios.
Derecho al agua
Los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, lo que afectaba a las condiciones de vida y elevaba el riesgo de contagio de COVID-19. Según la ENCOVI, solo uno de cada cuatro hogares tenía suministro continuo de agua, mientras que la mayor parte sólo disponía de agua corriente algunos días de la semana (59%) o varios días al mes (15%). Los sectores más vulnerables de la población seguían viéndose obligados a abastecerse de agua procedente de camiones cisterna, pozos y manantiales.
Condiciones de reclusión
Persistían las muertes bajo custodia y la ausencia de investigaciones al respecto. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, entre enero y junio se registraron 118 muertes bajo custodia. El grave hacinamiento y las condiciones de insalubridad de las prisiones incrementaban el riesgo de contagio de COVID-19 para la población reclusa.
El Observatorio Venezolano de Prisiones informó en mayo de que 46 personas detenidas habían muerto a causa de la violencia desatada en el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA) de la ciudad de Guanare (estado de Portuguesa). El Ministerio Público abrió una investigación, pero al finalizar el año no se tenía constancia de progreso alguno.
Derecho de los pueblos indígenas
Los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país. Según la OACNUDH, los elevados índices de explotación laboral, trata de personas y violencia se debían a un sistema de corrupción y soborno por parte de grupos delictivos que controlaban las minas y que operaban un sistema de sobornos a altos mandos militares.
Según el Foro Penal, 13 indígenas pemones estaban detenidos en espera de juicio a más de 1.200 km de su comunidad, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad cultural o garantizarles un juicio con las debidas garantías.