El coqueteo político y luego la ejecución de una política de concesiones durante ocho años a dictaduras en América Latina y en el resto del mundo, por parte de la administración de Barack Obama, sólo permitió que éstas se reforzaran e incrementaran su represión contra la disidencia interna.
Hoy, se confirma la extensión de esa misma estrategia con el gobierno de Joe Biden, el vicepresidente que durante el mandato de Obama impulsó las negociaciones con los regímenes de La Habana, Teherán, Caracas, Managua y otros.
El Departamento del Tesoro anunció el 26 de noviembre la ampliación de la licencia de las operaciones de la estadounidense petrolera Chevron en Venezuela, después de años de sanciones que redujeron los ingresos en las arcas del tirano venezolano Nicolás Maduro, por la producción y venta de petróleo y gas.
Chevron fue autorizado a retomar sus actividades en las cuatro empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela (PDVSA), a pesar de que el Departamento del Tesoro aclaró que la estatal no deberá recibir ingresos por las ventas de la compañía estadounidense.
El anuncio ocurrió después de que el desgobierno de Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para gestionar la liberación de 3.000 millones de dólares de Venezuela, bloqueados en el extranjero por las sanciones.
Supuestamente, el alivio a la presión sobre la narcodictadura venezolana se hace para alentar la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó y respaldada por Washington. Pero en la realidad el verdadero efecto es que revive momentáneamente al régimen que se encuentra en una gran encrucijada económica y financiera, pero que a pesar de eso no ha dejado de asesinar, perseguir, encarcelar y masacrar a todo el que representa oposición. Lo mismo que ha sucedido en Cuba, Nicaragua e Irán, donde las recientes protestas dejaron más de 300 muertos, según organizaciones internacionales de derechos humanos.
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