El Gobierno de los Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas destinada a imponer consecuencias a funcionarios extranjeros que participan en actos de censura dirigidos contra ciudadanos o residentes estadounidenses.
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La medida se basa en la defensa de la libertad de expresión , considerada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución estadounidense.
Según lo expresado en la declaración oficial, los funcionarios extranjeros que emiten o amenacen con órdenes de arresto contra personas por publicaciones realizadas en plataformas estadounidenses podrían ser objeto de estas restricciones. También serán objeto de aquellas medidas que presionen a empresas tecnológicas estadounidenses para aplicar políticas de moderación de contenido más allá de su jurisdicción , interfiriendo así con la soberanía de EE.UU.
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La medida se fundamenta en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad , la cual permite al Secretario de Estado declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pueda tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos. Además, ciertos familiares de los implicados también podrían estar sujetos a estas restricciones.