Estados Unidos (EEUU) publicó este martes su reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el 2020, su foco fue sobre las detonaciones arbitrarias, las desapariciones de personas y la tortura ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro.
«Hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la comisión de los crímenes y abusos contra los derechos humanos documentados en el informe», reza el documento.
Asimismo, se revela que «miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad».
Postura de Estados Unidos
El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, indicó que entre los problemas más significativos, en lo que respecta a los derechos humanos, se destacan «ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad».
De este modo, alegaron que el régimen «no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron” esos abusos.
Algunas cifras
El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020. También, una investigación del ACNUDH descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -uno de los brazos armados de la dictadura- “fueron sometidas a desapariciones forzadas durante períodos de siete a 40 días después de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso”.
Otros cuerpos de seguridad del régimen involucrados son: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y Fuerza Armada Nacional (FAN).
¿Autoridades?
«Algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos».
Según los datos, medios de comunicación y ONG informaron que estos «sistema de seguridad», trataban de encubrir las ejecuciones extrajudiciales plantando pruebas o alterando las escenas del crimen para sugerir un altercado o un intento de huida de la víctima.
Víctimas sin atención médica
En este sentido, se reportó abusos como sometimiento a los presos políticos (entre ellos civiles) a «asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas”.
“Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos”.
PROVEA identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas.
Sin libertad de expresión
En el reporte también se fustigó las “graves restricciones a la libertad de expresión, a la prensa y a Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados, o cerrándolos.”
De acuerdo al Departamento de Estado, Maduro «criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticas como difamación y calumnia, incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección del COVID-19″.
“La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano».
Estas conclusiones del Departamento de Estado tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.