Así lo anunció en sus redes sociales el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo este viernes.
Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Comandante del FAES e Iván Rafael Hernández Dala, Comandante del DGCIM, son los compinches de régimen afectados por la medida.
Declaraciones del El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo
Estados Unidos señala públicamente a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las fuerzas especiales de la policía de Venezuela (FAES), e Ivan Rafael Hernández Dala, comandante de contrainteligencia militar (DGCIM), por su participación en violaciones graves de los derechos humanos.
Las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Estos actos se documentaron ampliamente en el informe del 5 de julio de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en informes creíbles de otras organizaciones de derechos humanos. El informe de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana.
Esta designación, tomada bajo la Sección 7031 (c) de la Ley del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas relacionados del año fiscal 2019, se suma a la acción del gobierno de los EE. UU. El 15 de febrero de 2019 para sancionar financieramente a Bastardo y Hernández de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción.
De conformidad con la ley, además de la designación de Bastardo y Hernández, estoy señalando públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.
La Sección 7031 (c) permite al Departamento de Estado revocar visas para funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que esos funcionarios han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos