La Fundación CEPS fue contratada por el vicepresidente del régimen de Maduro, Tareck El Aissami. La misma, cuyo patronato formaba parte Pablo Iglesias funcionaba para diseñar el nuevo reglamento penitenciario de aquel país y para adoctrinar en la «conciencia anticapitalista» a los funcionarios de las prisiones en las que son encarcelados y torturados los principales líderes de la oposición.
Tareck El Aissami fue colocado en la lista de los delincuentes internacionales más buscados, por sus vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas como Hezbol, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en 2019.
Un «punto de cuenta» del Gobierno de Venezuela acredita que Hugo Chávez ordenó pagos por importe de 7,1 millones de euros a la Fundación CEPS, de cuyo patronato que formaban parte los principales líderes que luego fundaron Podemos.
Entre ellos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Alberto Montero, Ariel Jerez, Rubén Martínez Dalmau y Txema Guijarro.
«Los resultados han sido excelentes en formación y capacitación de funcionarios de prisiones, desarrollo de un nuevo sistema de Seguridad Social en Venezuela, concienciación del funcionario del Ministerio del Interior sobre políticas neoliberales, ejes de poder, globalización y soberanía, cátedra sobre las estrategias de penetración y dominio del capital en la vida pública, un esquema socioeconómico para el reparto de riqueza al pueblo y asesoramiento sobre estrategias geopolíticas».
Como se dejan ver en los documentos que presentó OK Diario, Hugo Chávez ordenó pagar a a Fundación de Pablo Iglesias otros 1,6 millones de euros en 2008 y 2,8 millones de euros entre los ejercicios 2009 y 2011.
Unos 7,1 millones de euros en total. Este encargo incluía el asesoramiento al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en octubre de 2008 pasó a dirigir Tareck El Aissami, al que la Justicia de Estados Unidos busca por sus vínculos con el narcotráfico.
El documento está firmado por el entonces ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, y por el propio Hugo Chávez el 28 de mayo de 2008. Pablo Iglesias había comenzado a trabajar en 2006 para la Fundación CEPS como “responsable de la unidad de análisis estratégico de la Presidencia de Venezuela”, es decir, como asesor personal del presidente Hugo Chávez, tal como consta en su curriculum vitae oficial.
El «punto de cuenta» explica que «la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización que desde su creación brinda asesoría sociopolítica a distintas instituciones, movimientos sociales y gobiernos, a fin de promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y contraloría social, como ejes básicos en las sociedades que promueven la convivencia en igualdad, libertad y soberanía de los pueblos».
Por este motivo, añade, el Gobierno de Venezuela pagó entre 2003 y 2007 a la Fundación CEPS 2,6 millones de euros para que asesorara al Despacho de la Presidencia, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Asamblea Nacional.
El ministro Tareck El Aissami, al que asesoró la Fundación de Pablo Iglesias, aparece desde julio de 2019 en la lista de delincuentes más buscados por Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, El Aissami «supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilos [de cocaína] que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos», señala ICE en su reseña.
La Administración norteamericana añade que El Aissami «está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano de Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco».
En la misma fecha, julio de 2019, el Departamento del Tesoro ordenó bloquear todos los bienes y cuentas bancarias de 13 empresas de José López Bello en EEUU, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido, por considerar que se trata de trata de un testaferro El Aissami que se dedica a lavar dinero procedente de las mordidas y del narcotráfico.
Desde junio de 2017, Tareck El Aissami es vicepresidente económico del Gobierno de Nicolás Maduro que, además, el pasado mes de abril le asignó la cartera de ministro de Petróleo. Por tanto, actualmente es el máximo responsable de la petrolera PDVSA que pagó adjudicó contratos de «asesoría» por importe de más de 4 millones de euros al hijo del ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo.